Un tatuaje del Real Madrid, el logo “Jumpman” de Nike o una rosa en la pierna. Estos diseños, aparentemente inofensivos, son utilizados por el gobierno de Donald Trump para detener y deportar a cientos de migrantes venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, pandilla recientemente declarada organización terrorista en EU.
El caso de Jerce Reyes ilustra esta polémica. Deportado a El Salvador, Reyes fue señalado por ICE debido a sus tatuajes: una pelota de fútbol con una corona y la palabra “Dios”, en honor a Maradona. Su abogada, Linette Tobin, aseguró a CNN que “no había ninguna conexión con pandillas”.
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Pese a ello, documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) catalogan como “sospechosos” tatuajes de coronas, rosas y el número 23 de Michael Jordan. Sin embargo, un boletín interno de la Patrulla Fronteriza de 2023, obtenido por medios, reconocía que estos símbolos “son parte de la cultura venezolana”.
Megaprisión
Más de 200 venezolanos ya fueron enviados a la megaprisión de El Salvador (CECOT), conocida por denuncias de tortura. Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros, vigente desde 1798, con lo que evita así los tribunales de inmigración.
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La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno por casos como el de “J.G.G.”, un tatuador detenido por una rosa en la pierna. “No hay pruebas de nexos criminales”, insistió la organización. Lindsay Toczylowski, del Centro de Defensores de Inmigrantes, denunció que un cliente terminó en la cárcel de El Salvador “por tatuajes que podrías ver en cualquier cafetería”.
Por su parte, el zar fronterizo, Tom Homan, justificó las acciones en ABC News: “¿Dónde estaba el debido proceso para Laken Riley, asesinada por un venezolano?”, al referirse a un caso que alimenta la narrativa antiinmigrante.
Mientras El Salvador exhibe a los deportados en videos propagandísticos —afeitados y esposados—, familias y abogados claman por transparencia y justicia. “Enviar personas a prisiones sin pruebas es una violación a los derechos humanos”, sentenció la ACLU para medios estadounidenses.
