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La ministra Loretta Ortiz impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las restricciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíben a los Poderes llamar al voto en las elecciones del 1 de junio.

Voto como prioridad, asegura Loretta Ortiz

En su calidad de candidata a la Suprema Corte, dijo que el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía.

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Manifestó que “la restricción es irrazonable dado que los propios Poderes de la Unión participaron activamente en etapas previas de este proceso. En un sistema democrático lo más congruente sería que pudieran informar a la ciudadanía sobre las características y particularidades de la elección”.

Ortiz impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe la difusión del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial; acuerdo, que calificó como “ridículo”, pues al ser un proceso histórico, dijo, “se le debe dar una difusión amplia, robusta y plural”.

Abundó que “al estar frente a un proceso de esta naturaleza y por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial resulta contraproducente y hasta ridículo que su difusión quede limitada exclusivamente al INE”.

Participación activa en el proceso

Explicó que el que sea un proceso extraordinario justifica que diversas instituciones públicas contribuyan en su difusión, pues “el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”.

Aseveró que la restricción es “irrazonable” dado que los propios Poderes de la Unión realizaron participación activa. “Por un lado, se facultó a los Poderes de la Unión para participar en la postulación de candidaturas y, por otro, se les impide difundir información sobre el proceso mismo”.

Foto: Cuartoscuro |

“En un sistema democrático lo más congruente sería que apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección”.

La candidata advirtió que esta restricción generaría, además, situaciones jurídicamente inaceptables como impedir que las universidades públicas, en ejercicio de su autonomía y función académica, realicen foros informativos neutros sobre el proceso electoral judicial y las candidaturas; o que las propias instituciones judiciales federales y locales informen a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la elección, entre otros.

“Con esta decisión por parte del Instituto Electoral el avance en el reconocimiento de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana informada sufre una regresión inaceptable”.

“Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, denunció Loretta Ortiz.

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