Redacción
Estados Unidos llevó a cabo un nuevo traslado de presuntos miembros del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) hacia El Salvador, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de estas operaciones. La administración de Donald Trump mantiene abierta una disputa judicial en torno a la deportación de más de 200 venezolanos, lo que ha generado incertidumbre sobre futuras acciones similares.
El secretario de Estado, Marco Rubio, describió el operativo como una acción clave contra la delincuencia transnacional y destacó la cooperación con el gobierno salvadoreño. Subrayó que la medida responde a la necesidad de eliminar amenazas dentro de territorio estadounidense, en un contexto donde ambas organizaciones han sido catalogadas como grupos terroristas.
El gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, reafirmó su disposición a colaborar en la lucha contra el crimen organizado. Washington ya había ejecutado la expulsión de más de 200 personas vinculadas a estas estructuras criminales, pese a una orden judicial que intentó frenar el proceso.
Trump cuestionó públicamente la intervención del juez que intentó detener las deportaciones, argumentando que interfería en decisiones políticas. Como respuesta, su administración llevó el caso al Tribunal Supremo, buscando la validación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII que otorga al presidente facultades extraordinarias en tiempos de crisis.
El traslado de estos presuntos delincuentes genera un debate sobre los alcances de la política migratoria de Estados Unidos. Mientras el gobierno argumenta que se trata de una estrategia para proteger la seguridad nacional, sectores críticos advierten sobre posibles violaciones de derechos y el uso de legislaciones excepcionales para justificar expulsiones masivas.
