De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la implementación de los nuevos organismos y requisitos para realizar compras públicas federales de medicamentos es el gran reto que tendrá que enfrentar el Gobierno federal, quien ha señalado que estos nuevos mecanismos propuestos en dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, son para evitar la corrupción.
Según el IMCO los retos de estas reformas se darán una vez que se pongan en marcha: “Especialmente la necesidad de implementar una plataforma transaccional, limitar la figura de adjudicación directa y mejorar los procesos de compra consolidada”.
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Las dos iniciativas que presentó la mandataria nacional para regular las compras de Gobierno a través de la expedición de una Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, de la Ley de Economía Social y Solidaria y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, “buscan fortalecer la transparencia y la competencia en las contrataciones públicas a nivel federal con el objetivo de impulsar una mayor sostenibilidad y combatir la corrupción”.
Entre las propuestas está la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, y, dentro de esta, una Tienda Digital del Gobierno que permita realizar asignaciones ágiles de bienes de uso común, como la papelería, la cual reemplazará a CompraNet.
Retos tecnológicos
Para el IMCO, los retos son garantizar el uso de un software que se aloje en los servidores de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, y que no dependa de un proveedor único para su funcionamiento como sucedió con CompraNet.
Sobre las nuevas figuras de contratación, la propuesta señala que de manera obligatoria las compras consolidadas para ciertos bienes y servicios deberá hacerse con la participación de las Secretarías de Buen Gobierno y Anticorrupción, de Hacienda y Crédito Público en la planeación estratégica y ejecución.
Para ello, estas dependencias elaborarán una investigación para conocer las condiciones de los bienes, los precios y las condiciones de mercado.
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Al respecto, el IMCO señaló que la utilización de esta figura en los estudios de mercado “puede implicar un incentivo perverso para los potenciales proveedores, ya que pueden presentar un precio inicial bajo que sea imposible de sostener en la etapa de adjudicación”.
