No está por demás remarcar que en la elección del poder judicial del bienestar, el INE, tal y como lo conocemos ahora, se juega su existencia.
Sobre el instituto, que preside Guadalupe Taddei, recae la responsabilidad de llevar a buen puerto una elección que nació con malformaciones genéticas- presupuestales.
El primer reto que tiene que enfrentar el Instituto, es convencer a decenas de miles de mexicanos para que participen como funcionarios de casilla en todo el país.
No hay una cifra pública de los ciudadanos que han rechazado participar, pero seguro es altísima, simplemente porque el proceso no convence a la mayoría de la sociedad informada.
El INE no ha podido realizar una campaña exitosa en medios en la que se pueda explicar, con manzanas, cómo será la mecánica de la votación.
Los ciudadanos no saben cómo votarán, porque el proceso es complejo no solo por la cantidad de puestos a elegir, sino porque hay un profundo desconocimiento del currículo de quienes aspiran a ser jueces, magistrados y ministros.
Ese tema no se resolverá con las “campañas’’, porque tales actos de proselitismo se suscribirán solo a las redes sociales, sin que pueda hacerse contratación en medios ni llamar al voto a su favor.
Obviamente, la ventaja la tienen quienes llevan meses haciendo campaña anticipada (oficialmente comienzan el 1 de abril), cuyos nombres son de sobra conocidos.
Si el INE no ha convencido a la población, primero, para participar como funcionarios de casilla y no ha logrado despertar el ánimo de la ciudadanía para participar en la elección, ¿qué porcentaje del padrón electoral, cercano a los 100 millones de mexicanos, cree que acudirán a las urnas el primer día de junio?
Taddei especuló hace unas semanas que esperaban (en el mejor de los casos), una participación de entre el 8 y el 15%, lo que representaría que, si fuera el porcentaje alto, 15 millones de mexicanos decidirían quiénes serán los impartidores de justicia, en todo el país, por lo menos la próxima década.
Un 15% de votación sería un fracaso para una elección que lleva más de un año promoviéndose; pero incluso los pronósticos pesimistas estiman entre 5 y 7% la participación ciudadana, por el poco interés que el proceso ha generado.
Si la elección resulta un fiasco en números, el gobierno habrá encontrado el pretexto perfecto para reforzar sus intentos por acabar con el INE, a quien responsabilizará del fracaso.
La iniciativa para que el gobierno retome el control de los procesos electorales la tiene Morena a la espera de darle luz verde, quizá después de ver los números que arroje el ejercicio del 1 de junio.
Veremos.
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Sobre el proceso electoral y los candidatos a puestos en el poder judicial del bienestar, han salido a la luz pública los nombres de algunos aspirantes con antecedentes dudosos.
Uno de ellos es el juez Roberto Yáñez Quiroz, que busca ahora un puesto en el Distrito Judicial Electoral 9, pero cuyo historial está marcado por su presunta parcialidad en casos que ha debido juzgar.
El más reciente episodio que genera controversia es su actuación en el caso Fox Corporation contra Grupo Lauman, en donde la compañía mexicana acusa que retrasó deliberadamente la notificación a sus abogados además de que les negó el acceso a una copia completa del expediente, evidenciando una grave falta de transparencia.
En diciembre de 2024, Yáñez Quiroz aceptó a trámite una demanda contra el Club Deportivo Guadalajara, a pesar de que la venta del equipo fue declarada legítima por la Suprema Corte en 2019, afectando gravemente el uso de la marca.
@adriantrejo
