La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que es urgente aprobar una Ley General contra la extorsión en el país.
Afirmó que el tema se trata de uno de los mayores desafíos, ya que es un delito que está en aumento y se está poniendo en riesgo la economía y el tejido social.
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Agregó que el artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar perjuicio patrimonial.
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Explicó que la pena actual va de 2 a 8 años de prisión, donde los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes.
Bajo la apariencia de “protección”, imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos. También hay servidores públicos que exigen sobornos para evitar sanciones.
“Uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales”.
Coparmex subrayó que en algunos estados, se clasifica como “uso de confianza” o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones.
