Redacción
Donald Trump tomó la decisión de desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos, marcando un punto clave en su estrategia para reformar el sistema educativo bajo una visión conservadora. La orden presidencial instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a ejecutar el cierre de la entidad, aunque su eliminación total depende del Poder Legislativo. A pesar de ello, ya se ha producido el despido de una parte significativa del personal, la cancelación de contratos y la suspensión de varios programas.
A diferencia de otros países, el Departamento de Educación en Estados Unidos no gestiona directamente el sistema educativo, sino que su función se centra en la distribución de fondos federales y la implementación de ciertas políticas que afectan a estudiantes con necesidades especiales, programas de equidad racial y apoyo a maestros. La eliminación de esta agencia genera incertidumbre sobre el futuro de estas iniciativas y sobre el impacto en la educación superior, dado que administra los préstamos estudiantiles y la asistencia financiera de millones de alumnos.
Desde su campaña, Trump había manifestado su intención de transferir el control educativo a los gobiernos estatales y locales, promoviendo que sean las comunidades quienes decidan sobre los contenidos escolares. Este planteamiento también conlleva el rechazo de programas federales orientados a la inclusión racial y de género, aspectos que han sido parte de las políticas de derechos civiles.
Paralelamente, la administración ha iniciado una confrontación con universidades de prestigio como Harvard, Columbia y Yale. La Casa Blanca ha condicionado la entrega de fondos a la eliminación de políticas de diversidad e inclusión y a la adopción de nuevas medidas contra el antisemitismo. Además, Trump ha amenazado con suspender financiamientos a instituciones que no se alineen con sus directrices en temas como la participación de atletas transgénero en competencias deportivas.
Los recortes presupuestarios han generado preocupación en múltiples campus, con universidades anunciando despidos y ajustes en sus programas académicos. Algunas instituciones han tomado medidas para adaptarse a los cambios impuestos por el gobierno, mientras otras evalúan las implicaciones de esta intervención federal en la educación superior.
