Mucho cuidado deberá tener el INE a la hora de adjudicar los contratos para la fabricación y entrega de los materiales para la elección del poder judicial del bienestar.
La advertencia tiene su origen en el hecho de que uno de los competidores es Plásticos y Metales MYC SA de CV, que recientemente tuvo una desastrosa participación en las elecciones primarias en Honduras, el 9 de marzo pasado.
Ese día se debería haber celebrado la elección primaria en la que los partidos políticos elegirían a sus candidatos para las elecciones generales del 30 de noviembre próximo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras contrató a la empresa Plásticos y Metales para proveer el material electoral (boletas, mamparas, urnas, etcétera), pero el día de la elección, en las dos principales ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, no llegó el material contratado.
Ello provocó el enojo de los líderes de los tres principales partidos y enfrentamientos entre sus seguidores, que bloquearon vías de comunicación.
La presidenta, Xiomara Castro, responsabilizó a la empresa de los conflictos derivados de su incumplimiento.
“En San Pedro Sula vimos un colapso total por culpa de MYC; esto no fue un error, fue una traición a la voluntad popular que dejó a miles sin voz’’.
El embrollo fue tal, que se dice que hasta una queja se presentó en la Embajada mexicana en Honduras.
Ojo.
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El empresario Carlos Slim recuperó para su consorcio la administración de The Phone House, un emporio que creció vendiendo aire y telefonía, encabezado por Bernardo Romano García y su esposa Aitana García Hernández.
The Phone House se convirtió en uno de los distribuidores autorizados más grandes de Telcel; luego evolucionó a comercializar dominios con acuerdos millonarios con partidos políticos.
La bonanza del negocio millonario motivó que los administradores, es decir, Romano García y esposa, gastaran en su vida personal como jeques árabes, sin caer en la cuenta de que el mercado evolucionaba drásticamente.
Slim se dio cuenta de que el negocio no estaba funcionando como debía y recuperó la administración.
En el inter, Romano contrató deuda (se dice que suma 400 millones de pesos) que no pudo cubrir, por lo que sus bienes se encuentran embargados.
Incluso, la Fiscalía de Justicia de la CDMX, giró una orden de aprehensión en su contra y notificó al Instituto Nacional de Migración para emitir una ficha roja a fin de que Romano y esposa no puedan abandonar el país.
Un caso para escribir un libro sobre lo que no se debe hacer con un negocio, por rentable que sea.
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El fin de semana largo matizó el intercambio epistolar entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez, y el empresario Ricardo Salinas Pliego, CEO de Grupo Salinas.
Gómez acusó que el magnate había sido favorecido por la resolución de un juez que le permitía estar por encima de las leyes del país.
Salinas Pliego respondió con una misiva en la que llamó “dogmático’’ a Pablo Gómez y lo acusó de emitir un comunicado “lleno de mentiras, consignas y una carga militante’’.
Acusó que en la UIF “están dispuestos a usar sin pudor y de manera facciosa todas las herramientas que tiene disponible el Estado para que Morena pueda perseguir y amedrentar a ciudadanos defensores de la libertad’’.
Gómez respondió, en pocas palabras, que el pleito no era con el empresario sino con el juez que le concedió el amparo, aunque en el texto de la UIF parece decir lo contrario.
@adriantrejo
