La Cámara de Diputados aprobó, con 452 votos a favor, reformar el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de simplificación administrativa y digitalización.
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Con mayoría calificada, el oficialismo y la oposición dieron avalaron la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dicha reforma establece que, se debe coadyuvar al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades, sectores sociales y económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa, digitalización de trámites, servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que establezca la ley nacional en la materia.
𝐇𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐲 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐢𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐒𝐒𝐒𝐓𝐄 presentada por nuestra presidenta @Claudiashein; como lo solicitó la Secretaría de Gobernación. Porque el… pic.twitter.com/DWYjxIbHV4
— Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) March 19, 2025
Además, da facultades al Congreso de la Unión para expedir la ley nacional y determinar los principios, así como obligaciones a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en materia de simplificación administrativa, digitalización de trámites, servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
En tanto, en el régimen transitorio, menciona que en un plazo que no excederá de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá la legislación a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Y de la Constitución Política.
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Asimismo, la Ley nacional deberá considerar al menos un modelo nacional de simplificación y digitalización de trámites y servicios, establecer la autoridad nacional en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas y públicas, y prever herramientas de simplificación y digitalización de trámites y servicios.
