Por Jorge Gómez Naredo
Una jueza dictó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Se le acusa de operaciones irregulares de arrendamiento, mantenimiento y posteriormente adquisición de siete cuarteles policiacos, en los cuales hubo un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos.
Se le acusa además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Esto a partir de un informe de fiscalización que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Generar de la República. Son cargos delicados y que ameritan prisión.
Hasta el momento, el exgobernador no ha sido aprehendido y se encuentra en calidad de prófugo, pero cuatro de sus excolaboradores sí fueron detenido y se les dictó prisión preventiva justificada.
Silvano Aureoles fue, durante su gestión como gobernador de Michoacán, polémico. Se la acusó en varias ocasiones de irregularidades y, además, de financiar ilegalmente al medio de comunicación Latinus.
Pero estas irregularidades por las cuales se les giró una orden de aprehensión no son las únicas. Según la ASF, el gobierno de Michoacán durante la gestión de Aureoles no ha podido justificar irregularidades por más de 28 mil 588 millones de pesos entre 2016 y 2021, distribuidas en 204 expedientes. Asimismo, otros 2 mil 139 millones de pesos siguen pendientes de aclaración, y ya se considerada posible daño patrimonial.
Sin duda, la orden de aprehensión girada en contra de Silvano Aureoles es una buena señal, pues es un mensaje claro y contundente de que, en México, no se permitirá por ningún motivo la corrupción.
Además de esto, el caso de Silvano Aureoles exhibe la decadencia en la cual terminó el extinto PRD, pues precisamente Aureoles es el último gobernador emanado de dicha agrupación política, la cual en las pasadas elección perdió su registro nacional.
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