Por Salvador Guerrero Chiprés
¿Qué motiva la resistencia a la regularización? ¿Miedo a la tecnología en el proceso de digitalización? ¿Riesgo de pérdida de patrimonio? ¿Ausencia de documentación legal respecto a un local?
A casi tres cuartos de siglo de vigencia del Reglamento de Mercados, expedido en 1951, hay reticencia a las modificaciones y no necesariamente justificada. La segunda movilización de locatarios agrupados en el Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México, dizque “sin líderes solo con voceros”, demanda regularización de la propiedad antes de digitalizar los padrones de comerciantes.
¿Reconocimiento a la irregularidad? ¿Oposición partidista que quiere crear un instrumento político antes que la regularización?
No es un secreto. El diagnóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encabezada por Myriam Urzúa, es preciso: ninguno de los 335 mercados públicos está en condiciones óptimas de funcionamiento, algunos no cuentan con medidas de protección civil, otros presentan deficiencias en instalaciones eléctricas y de gas.
La intervención es necesaria tanto como la actualización del marco legal y la posibilidad de brindar certeza a las y los locatarios sobre la propiedad. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya planteó una inversión de 240 millones de pesos destinada a revitalizar estos espacios, así como un apoyo indirecto de alrededor de mil millones de pesos a través de los vales Mercomuna.
En el proceso de digitalización hay transparencia. La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza, ha expuesto opciones: para quienes tengan dificultades para acceder a la tecnología o encontrar asistencia está la ventanilla única de cada alcaldía.
Los mercados están frente a la oportunidad de fortalecerse como un microcosmos de la vida comunitaria o hacer la grilla.
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