Por Ricardo Sevilla
Lamentablemente, el acceso a una vivienda digna continúa siendo un tema triste y complejo en nuestro país.
Y eso ocurre en toda la república mexicana.
A pesar de que el sexenio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador prohibió los desalojos y los juicios masivos, las irregularidades todavía persisten.
Para nadie es un secreto que, desde las mazmorras más ocultas del Infonavit, operó durante años una mafia inmobiliaria al servicio de la corrupción.
Octavio Romero, que está haciendo un buen trabajo al frente del Infonavit, ha prevenido sobre los infames “coyotes” que, desde el engaño, prometen a la gente sacar dinero de los créditos de vivienda sin mayores engorros.
Pero eso, desde luego, es una mentira.
Infelizmente, con el solapamiento de los gobiernos neoliberales, el Infonavit dilapidó millones de pesos en pagar a despachos que despojaron a miles de familias de sus casas.
Y es que, aunque parezca inverosímil, la seguridad jurídica para los derechohabientes es un caos. Prácticamente no existe. La gente, en ese plano, está sola. Y, sin metáfora, tiene que rascarse con sus propias uñas.
Y de ahí que el gobierno de Claudia Sheinbaum deba implementar políticas efectivas para prevenir fraudes inmobiliarios y proteger los derechos legales y humanos.
Y es que los juicios civiles que resultan en desalojos siguen ocurriendo.
Debido a que hubo un enorme rezago, todo ello resultó en un aumento del abandono y deterioro de las viviendas, especialmente aquellas construidas bajo programas sociales pero sin servicios básicos adecuados.
Y si a eso agregamos los problemas sanitarios y educativos; y que las concentración urbana aumenta los costos indirectos como transporte y alimentación, es cuando pensamos que, realmente, urge a una reforma a la vivienda.
Y eso es justamente la gran tarea que se ha impuesto la presidenta Sheinbaum.
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