Con el fin de garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios de Fe Pública sin importar su ubicación o condición socioeconómica, el senador del Partido Verde (PVEM), Waldo Fernández propuso la creación de la Ley General de Fe Pública.
Al presentar el dictamen explicó que, de la Fe Pública depende la validez y autenticidad de innumerables actos y contratos que protegen el patrimonio, los derechos y las relaciones jurídicas de la ciudadanía brindando seguridad jurídica en sus actos y garantizando la protección de su patrimonio.
“Sin ella, los acuerdos privados quedarían en la incertidumbre y el acceso a la justicia sería desigual”, advirtió.
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Ante ello, propuso reformar los artículos 73 y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “con el fin de establecer los principios rectores de un sistema de Fe Pública homogéneo, transparente y accesible para todos. Esta reforma permitirá la creación de una Ley General de Fe Pública, que garantizará que cualquier ciudadano pueda acceder a estos servicios sin importar su ubicación o condición socioeconómica”.
Ley General de Fe Pública asegurará la validez nacional de los actos jurídicos: Fernández
Foto: X/@FdzWaldo
Detalló que la nueva legislación permitirá asegurar la validez nacional de los actos jurídicos y establecer los principios homogéneos para la función notarial y la de la correduría pública.
“Además, se busca implementar un sistema justo en el que el acceso a estas funciones se realice mediante exámenes públicos y transparentes, garantizando solvencia moral, ética, profesionalismo y calidad. También se establecerán reglas claras que prioricen la seguridad jurídica y promuevan la equidad dentro del sistema, así como mecanismos para reducir la posibilidad de prácticas opacas y fomentar una mayor transparencia”.
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El senador por Nuevo León, consideró fundamental reconocer la función social de las personas investidas con Fe Pública. “Su labor no solo otorga validez legal a documentos y actos jurídicos, sino que también representa un compromiso con la confianza pública y el bien común. Estos fedatarios deben ser profesionales altamente capacitados y sujetos a un sistema de supervisión riguroso, que garantice su imparcialidad y eficiencia”, declaró.