Redacción
Un juez federal emitió este jueves una decisión que bloquea temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual intentaba eliminar la garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento, un derecho que asegura la nacionalidad a los niños nacidos en el país sin importar el estatus migratorio de los padres.
El fallo fue emitido por el juez John C. Coughenour en respuesta a la demanda interpuesta por varios estados, entre ellos Washington, Arizona, Illinois y Oregon. Estos argumentaron que la 14ta Enmienda y la jurisprudencia de la Corte Suprema respaldan de manera firme el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Además, las demandas incluyen testimonios de fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, así como el testimonio de mujeres embarazadas que temen que sus hijos no reciban la ciudadanía.
La orden ejecutiva firmada por Trump estaba prevista para entrar en vigor el 19 de febrero y podría afectar a miles de personas nacidas en los Estados Unidos. Según las demandas, en 2022 nacieron en el país más de 400,000 niños cuyas madres o padres no tenían estatus migratorio legal.
Estados Unidos se encuentra entre los pocos países que otorgan la ciudadanía por nacimiento, un principio conocido como jus soli, que se aplica principalmente en las Américas, con países como Canadá y México incluidos en la lista.
Por su parte, las demandas enfatizan que la 14ta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, establece claramente que cualquier persona nacida en el país es automáticamente un ciudadano. Esta enmienda ha sido interpretada de manera consistente durante más de un siglo. La interpretación de Trump, por otro lado, plantea que los hijos de no ciudadanos no estarían sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, lo que justificaría no reconocer su ciudadanía si no tienen al menos un padre ciudadano.
El caso de Wong Kim Ark, una persona nacida en San Francisco de padres chinos inmigrantes, sigue siendo un precedente clave. En 1898, la Corte Suprema falló a favor de su ciudadanía por nacimiento, aunque algunos defensores de restricciones migratorias argumentan que este caso se aplica principalmente a hijos de inmigrantes legales, y no necesariamente a los nacidos de padres sin estatus legal.
Entre los afectados por esta situación se encuentran también funcionarios como el fiscal general de Connecticut, William Tong, quien expresó que la demanda tiene un carácter personal para él, ya que él mismo es un ciudadano estadounidense por nacimiento.
Una de las demandas bloqueadas también incluye el caso de una mujer identificada como «Carmen», quien lleva más de 15 años viviendo en el país sin ser ciudadana, pero con una solicitud de visa pendiente. La demanda sostiene que la orden ejecutiva de Trump perjudicaría gravemente a los niños nacidos bajo estas circunstancias al negarles su plena membresía en la sociedad estadounidense.
