Color de piel, estatura, acento o tal vez la forma de vestir serán, peligrosamente, estereotipos empleados por agentes de inmigración para seleccionar a quienes califiquen como migrantes indocumentados
El endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump con la declaración de emergencia nacional de la frontera sur de Estados Unidos y las consecuentes deportaciones, detona un perfilamiento racial criminalizante y discriminatorio.
Una práctica atentatoria contra los derechos humanos al violentar el reconocimiento de libertades como el tránsito libre y la no persecución por motivos raciales o étnicos con detenciones, deportaciones, criminalización y despidos masivos.
Ya desde 1940, Earl Warren al asumir el cargo de fiscal general de California colocó en el centro el tema al declarar: “Debemos velar por no desarrollar prejuicios raciales y que no haya persecuciones de aquellas personas que respetan la ley”.
Más de 80 años después, el uso indiscriminado de categorías raciales por parte de cuerpos policiacos, migratorios y de seguridad afectan las garantías individuales de afroamericanos, latinos y otras personas migrantes. El perfil racial es aún frecuente, y seguramente se profundizará la práctica. Ocurre en viajes por carreteras, en las aduanas de aeropuertos, en actividades cotidianas como ir de compras o caminar por las calles, e incluso en las viviendas.
Ha sido una manera de detener sospechosos con base en su etnicidad o raza y confluye con otros factores como edad, vestimenta, hora del día y hasta ubicación en un barrio de composición étnica distinta.
Según Amnistía International dicha práctica genera miedo y desigualdad entre las poblaciones migrantes, así como sistemas de paranoia promotores de la exclusión y discriminación.
Políticas contrarias a las sociedades progresistas, a la inclusión y el respeto a los derechos humanos, fundamentadas en la conducta ilegal de quienes migran sin documentación y ajenas al entendimiento de las condiciones motivantes de ese desplazamiento.
Frente a las deportaciones masivas hay empatía del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como estrategia para atender en albergues y buscar el diálogo con la administración Trump para la inversión en apoyos a quienes migran por necesidad. Desde la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno Clara Brugada enfatiza en un aspecto central: la no criminalización.
Ese tipo de políticas han llevado a un incremento significativo en deportaciones. Tan solo en 2024, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas deportó a más de 271 mil migrantes, la cifra más alta en una década.
Preocupante en un país donde un lema popular entre agentes policiacos, migratorios o de seguridad nacional dice: “Driving while Black or Brown”.
@guerrerochipres
