Ayer se registró el primer incidente de los muchos que previsiblemente habrá en las ciudades fronterizas mexicanas con los numerosos grupos de migrantes que tratan de pasar, al costo que sea, a Estados Unidos.
Un grupo de migrantes estacionados en Ciudad Juárez rompió el cerco militar impuesto por la Guardia Nacional y cruzaron hacia el puesto de control de El Paso, Texas, en donde fueron retenidos.
México no cuenta con un censo preciso sobre el número de migrantes establecidos en territorio nacional, a la espera de cruzar la frontera norte.
Y no se sabe, porque el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de cumplir con su tarea desde hace años; se dedicó a perseguir a unos pocos migrantes pero, ya sea por incapacidad o por conveniencia, dejaron pasar a decenas de miles sin documentos.
Hoy mismo hay una caravana que salió de Tapachula el lunes pasado rumbo a la frontera norte, sin que haya medidas para impedirlo.
El Gobierno de México también desmanteló la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), que depende de la Secretaría de Gobernación, al reducir su presupuesto al mínimo y quedarse solo con el personal operativo para sacar copias y apagar la luz de las oficinas.
No existe una infraestructura gubernamental para atender el fenómeno migratorio, mucho menos para solventar los problemas sociales que derivarán de las repatriaciones masivas ordenadas por Trump.
Bueno, cómo estará el asunto que hasta el hoy director del INM, Francisco Garduño, a quien “se le quemaron’’ 40 migrantes, pidió “deconstruir’’, o sea destruir para reconstruir, al Instituto.
Y mientras el gobierno se inventa programas clientelares para hacer como que hace en defensa de los mexicanos que serán deportados, el exgobernador de Puebla y supuesto nuevo director del INM, Sergio Salomón Céspedes, sigue sin aparecer.
Igual ya se dio cuenta del problema y decidió enfermarse por tiempo indefinido.
Salomón Céspedes es uno de esos exgobernadores con reintegro que fueron premiados por su disciplina partidista en la elección presidencial pasada, aunque de migración no conozca ni la definición.
En esas andamos.
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Resulta cómico que Gerardo Fernández Noroña haya salido a pedir diálogo con la oposición para enfrentar a Donald Trump, pero al mismo tiempo haya puesto límites infranqueables.
Fernández Noroña, el mismo que descalificó a la oposición durante todo el proceso electoral del año pasado, dijo que el eventual diálogo tendría que circunscribirse al Congreso, es decir, que la oposición no puede pedir un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ni PRI ni PAN respondieron a la solicitud aunque el tricolor dijo, en una declaración de su presidente, que trabajará en busca de soluciones que beneficien a nuestros compatriotas que serán repatriados.
Lo cierto es que la oposición, ninguneada por López Obrador y ahora por Sheinbaum, harán sus propios programas de asistencia antes de sentarse con Morena en un diálogo que, finalmente, será monólogo.
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El viernes pasado el INE aprobó el “catálogo de infracciones’’ con el que se busca limitar el activismo de los candidatos a jueces, magistrados y ministros del bienestar.
Pero ese catálogo solo lo conocen quienes lo redactaron y quienes lo firmaron pues, en las redes sociales, no para el activismo de Yasmín Esquivel, quien busca la presidencia de la nueva Corte del bienestar.
¿Está permitido ese activismo, sí o no?
Porque entonces no se podrá sancionar a otros candidatos que igualmente utilicen las redes sociales para “explicar’’ la reforma al Poder Judicial.
@adriantrejo
