El inicio del segundo mandato de Donald Trump viene acompañado de una ofensiva legal contra sus polémicas órdenes ejecutivas en materia migratoria.
Más de veinte fiscales generales demócratas y organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpusieron las primeras demandas para frenar medidas que violan principios constitucionales.
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El primer frente de la contienda legal es el intento del republicano de restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento a migrantes, protegido por la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868. Este principio establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es automáticamente ciudadana.
Trump argumenta que dicho derecho ha sido “malinterpretado” y busca excluir a los hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal, lo que provocaría que miles de niños pierdan su ciudadanía a partir del 19 de febrero, según su orden ejecutiva.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, fue uno de los primeros en interponer una demanda, al calificar el decreto como “ilegal y una afrenta a los valores fundamentales de EU”. En la misma línea, Matt Platkin, procurador general de Nueva Jersey, argumentó su oposición al afirmar que “los presidentes no son reyes; no pueden reescribir la Constitución con un simple trazo de pluma”.
Batalla legal
La ciudadanía no es el único frente de la batalla legal. El magnate retomó el programa Quédate en México, que obliga a solicitantes de asilo a esperar en el vecino del sur mientras se procesan sus casos. También busca invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con el fin de detener a migrantes, algo que expertos legales de EU consideran inviable en el contexto actual.
Adicionalmente, el mandatario republicano anunció planes para reasignar fondos federales y reanudar la construcción del muro fronterizo. Estas acciones reavivarían litigios previos sobre el poder del presidente para redirigir recursos asignados por el Congreso.
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Aunque Trump endureció las políticas migratorias, sus cifras de deportaciones son menores que las de administraciones anteriores. Durante su primer mandato, se registraron 1.5 millones de deportaciones (de los cuales 766 mil fueron mexicanos), comparadas con los más de 12 millones de Bill Clinton.
No obstante, redadas más agresivas y la aceleración de procesos marcaron su gestión.
