La elección judicial, cuya jornada de votación será en 142 días, atraviesa un campo minado debido a la lucha al interior del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El último frente abierto contra la elección de juzgadores es en los comités de evaluación de candidatos, pues mientras que el del Poder Judicial decidió acatar una suspensión definitiva de un juez federal, y frenar la selección de aspirantes, los del Ejecutivo y Legislativo seguirán en desacato.
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La reforma indica que si un Poder no puede presentar candidatos fuera de tiempo, y no hay ningún mecanismo para que se incluya a los aspirantes, la próxima elección podría llevarse a cabo sin candidatos propuestos por ese Poder, en este caso el Judicial.
De acuerdo con el calendario, el 31 de enero los tres Poderes deben presentar su lista formal de candidatos, después se llevará a cabo una insaculación y el 12 de febrero el INE recibirá la lista oficial de candidatos a jueces, ministros y magistrados que aparecerán en las boletas.
Protección del organización
El órgano electoral, dirigido por Guadalupe Taddei, usa como blindaje una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) que en la práctica permite desacatar suspensiones provisionales y definitivas para seguir con la organización de los comicios de jueces, magistrados y ministros.
Sin embargo, a la par, las juntas distritales del INE han reconocido la validez de cientos de suspensiones judiciales y han promovido recursos de queja ante tribunales colegiados, tanto para impugnar multas como para solicitar que se desechen los juicios de amparo, por estar vigente el principio de supremacía constitucional.
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La resolución del TEPJF del 20 noviembre pasado indica que ningún Poder u órgano del Estado mexicano puede frenar o suspender la elección de jueces, magistrados y ministros, programada para el próximo 1 de junio.
Ante el escenario de incertidumbre, magistrados de tribunales colegiados han determinado que la sentencia del TEPJF es un medio de control diferente y los juicios de amparo vigentes contra la elección de juzgadores deben respetarse.
Revisión de criterios
Por lo que han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción y resuelva la contradicción de criterios, es decir, definir si la resolución del Tribunal Electoral es válida y está por encima de los juicios de amparo contra la reforma judicial, o de lo contrario, las suspensiones de jueces de amparo deben acatarse.
Como ejemplo, el recurso de queja 331/2024, en el que el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito de Jalisco determinó que el TEPJF “violentó no solo al Estado democrático, sino a la propia Teoría General del Proceso por emitir una ‘sentencia’ en un cuaderno que no es legalmente un proceso o un recurso por no estar previsto en legislación alguna.
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Los magistrados acusaron a los integrantes del Tribunal Electoral de “una actuación artificial” por encima de las leyes y la Constitución, lo que lleva a “destrozar de facto el Estado de Derecho por buscar darle un alcance que únicamente es posible en el imaginario de aquellos que la emitieron”.
El Tribunal Colegiado pidió formalmente a la Suprema Corte que en este caso, derivado de una queja del INE que buscaba la nulidad del juicio de amparo contra la elección de juzgadores, se pronuncie sobre los alcances de la resolución del Tribunal Electoral.
Dicha contradicción de criterios quedó asentada en la SCJN con el folio 286/2024 y a la fecha no ha sido asignada a ningún ministro para la elaboración de un proyecto de sentencia, por lo que incluso podría quedar en la congeladora durante los próximos meses hasta después que los juzgadores elegidos por voto popular asuman sus puestos.
Desborde de amparos
Tan sólo el INE ha recibido más de 700 notificaciones de juicios de amparo vigentes en contra de la elección de juzgadores, que ha desacatado, pero cuyos efectos, en algunos casos, son de largo plazo, pues van desde frenar la impresión de boletas a evitar entregar las constancias de ganadores a los próximos jueces, magistrados y ministros.
Finalmente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) adelantó que habría sanciones administrativas y penales a los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla en la elección judicial, voluntarios necesarios para llevar a cabo la jornada de comicios.
