Casi todos tenemos rituales para el arranque del año y, con sus variaciones, la mayoría de las listas de deseos incluyen salud. Además de las cosas indispensables para pensar en un buen año, está debe estar incluida también en las prioridades de un gobierno y es un síntoma de una dirección efectiva.
Por eso creo que la responsabilidad que también debemos remarcar y auditar es la de las empresas privadas que tienen que ver con los medicamentos. Hasta ahora los reclamos se concentran en las fallas del gobierno. Que son muchas y diversas, sí. Pero nos ha borrado del mapa el papel que tienen las empresas y su responsabilidad en el precio y abasto de las medicinas.
Ese eslabón de la cadena ha logrado a través de pautas publicitarias, acuerdos y gestiones potentes pasar casi por debajo del radar. Hemos visto que los emporios de las farmacéuticas tienen una de las agencias de lobbying más potentes.
Basta ver en Estados Unidos la fuerza que tienen. En uno de los países con un órgano de regulación medianamente sólido, una empresa farmacéutica Purdue Pharma desató una de las crisis de opioides más grandes del mundo sin que haya sufrido algún tipo de consecuencia proporcional al daño que infligió.
Logró hacerse de miles de millones de dólares a costa de dependencias en los consumidores de medicamentos para el dolor. Años después, la farmacéutica fue demandada y se declaró en quiebra, más por un asunto de evitar demandas que verdaderamente una consecuencia de reparar los daños.
Sin embargo, el impacto que ha tenido la crisis del fentanilo aún genera costos y es probable que el balance completo no logremos dimensionarlo sino hasta una buena dosis de años después.
En el caso mexicano quiero poner un asterisco para que revisemos las farmacéuticas y la complicidad que tienen para abastecer y vender medicamentos.
La Cofece, en una de sus últimas acciones antes de desaparecer como órgano autónomo, anunció una acción colectiva en contra de tres farmacéuticas que llevaban a cabo acuerdos para encarecer medicamentos.
Según las investigaciones, durante 10 años, Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana, acordaron no distribuir medicamentos en ciertos días del año, limitar la cantidad de medicamentos surtidos a las farmacias, manipular los precios de venta y limitar los descuentos disponibles.
De acuerdo con la Cofece, las empresas aumentaron los precios de las medicinas y generaron un daño que se calcula en más de 2 mil millones de pesos. Sin embargo hay algo que no se cuantifica. El deterioro o incluso la muerte de personas que no lograron pagar el precio de un medicamento no tiene necesariamente un número.
Se necesita de la supervisión y de la fuerza del estado para lograr una rendición de cuentas seria. Y aquí la duda genuina: ¿cuánta presión de la ciudadanía se necesita para que la salud sea un verdadero derecho?
@Micmoya
