Con 94 votos a favor y 34 votos en contra el Senado de la República aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa entre ellos extorsión, aquellos que tienen que ver con fentanilo y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón, señaló que al catálogo ya existente, se añade la extorsión, “una práctica que asfixia a todo el mundo, a comerciantes, agricultores, empresarios, comerciantes en muy muy bajo monto, destruye economías locales y familiares y alimenta el crimen organizado”.
Sobre la inclusión al catálogo de prisión preventiva oficiosa de diversas conductas vinculadas con las drogas sintéticas como el fentanilo, que devasta vidas al causar adicciones y muertes mientras financian, operaciones de grupos criminales.
“Este flagelo con su capacidad destructiva es una amenaza para la salud pública y la seguridad nacional y también, a veces es pretexto para que gobiernos extranjeros quieran tener injerencia en decisiones soberanas, cosa que en México no vamos a permitir”.
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En la discusión, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, consideró que la prisión sin juicio “es un error y afecta a la gente en general, pero sí a la gente más pobre. Es poco efectiva o es prácticamente ineficaz la prisión preventiva oficiosa porque no acaba con la delincuencia y porque en realidad no combate la impunidad”.
Refirió que del 2018 al 2024 se registraron 189 mil víctimas de homicidio doloso, el mayor acumulado en este sexenio. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los presuntos delitos de violación crecieron en 48% en 5 años, pasando de 15 mil casos a 22 mil en 2023.
En esta ocasión, el voto de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) estuvo dividido, y senadores como su coordinadora, Guadalupe Murguía, Mauricio Vila, Miguel Márquez Márquez, Agustín Dorantes, Juan Antonio Martín del Campo, María de Jesús Díaz y Mario Vázquez votaron a favor del dictamen.
No obstante, el también panista, Francisco Ramírez Acuña, dijo que conservar la prisión preventiva oficiosa equivale a que el Estado mexicano “arbitrariamente conserve la capacidad de limitar la libertad personal, de violentar los derechos humanos, de hacer nugatorio el principio pro persona, trastocando en los hechos el debido proceso pena”l.
Por ello, dijo que no daría su voto a favor de una minuta “que violenta la dignidad y la integridad de las personas, otorgándole al Estado el poder de inculpar injustamente al ciudadano, no sólo con motivo de los errores u omisiones en los que puede incurrir la institución de procuración e impartición de justicia, sino en razón de las probadas actitudes dolosas, persecutorias o de venganza como las que se han habitualmente presentado en fiscalías de todo el país, donde han inculpado a cualquiera por delitos señalados en el catálogo, ya sea por corrupción o por consigna”.
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La senadora del PRI, Karla Toledo, dijo que la justicia no se logra llenando las cárceles de gente inocente.
“Claro que creemos en una justicia verdadera que castigue con más años de condena, con penas más fuertes y más duras, los delitos relacionados a las drogas sintéticas. Como el fentanilo y sus derivados que tanto daño hacen. Por eso en el PRI pedimos cadena perpetua para quienes cometan estos crímenes tan atroces, estos crímenes que son imperdonables y que sobre todo, afectan profundamente a la sociedad. Pero que quede claro, no vamos a acompañar una reforma que prefiere la prisión sin sentencia”.
En tanto, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, aseguró que la reforma no implica un desconocimiento de los derechos humanos, “sino una ponderación necesaria para salvaguardar bienes superiores como la vida, la seguridad y la integridad de las personas. Los derechos humanos son universales, pero no absolutos, y su restricción debe estar justificada por el interés colectivo y el marco normativo”.
Las reformas aprobadas se remiten a las Legislaturas estatales para su aprobación, toda vez que se trata de una reforma constitucional.
leo
