Con 25 votos a favor y 11 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai) que sus funciones queden adscritas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Además desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones que en el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025, contemplan que recaude por concepto de pago de derechos 17 mil 707 millones de pesos y en Ley Federal de Derechos, los legisladores también otorgan al IFT, facultades para regular el uso de concesiones en materia de telecomunicaciones.
También desaparecen al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que permite definir, identificar y medir la pobreza en México.
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Otro organismo ya no existirá es la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que tiene bajo su cargo vigilar, promover y garantizar que las empresas, negocios y profesionistas puedan competir eficientemente, sin monopolios o malas prácticas.
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejuredu) que impulsa la mejora continua de la educación básica, media superior, inclusiva y de adultos, también desaparecerá, así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía que promueven la competencia en el sector energético y también serán desaparecidos y sus funciones quedarán adscritos a otras dependencias del Gobierno Federal.
Se espera que en la sesión de este jueves sea aprobada su extinción por el pleno del Senado.
Durante la discusión del dictamen, los legisladores oficialistas aseguraron que la desaparición de los órganos autónomos obedece al gasto excesivo que implican para el erario.
Los representantes del PT en el Senado, Alejandro González y de Morena, Guadalupe Chavira, argumentaron que estos organismos obedecen a la “oligarquía” que “ha saqueado” el erario.
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Al respecto, la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales consideró que el tema de los recursos es un “pretexto” para desaparecerlos, “nada más falso que eso porque si ese fuera realmente el criterio que los mueve a esta decisión pues no estaríamos inmersos todavía en un proceso. de elección judicial que costará al erario más de 10 mil millones de pesos, cifra que es ni más ni menos que el doble del presupuesto que para 2025 se destinaría a estos siete organismos públicos que hoy se pretenden desaparecer”.
Mientras que la senadora del PRI, Claudia Anaya, refirió las contradicciones que se encontraron en torno al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de las cuales 24 HORAS dio cuenta.
“En IFT traemos una antinomia. En esta constitucional dice que las funciones van para la Secretaría de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura, pero la Ley Orgánica de la Administración Pública que acabamos de aprobar dice que la Agencia Digital se queda con las funciones. Hay una antinomia, hay que corregir”, advirtió.
LDAV
