Las comisiones del Senado aprobaron el dictamen de reforma constitucional para ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Se trata de una propuesta que fue enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero y aprobada el pasado 13 de noviembre en la Cámara de Diputados, con 355 votos a favor y 108 en contra.
Incorpora la facultad al juez para ordenar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en los casos de extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, así como en los delitos graves el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
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“El asunto más delicado que hemos votado hasta ahora, por la implicación que tiene en miles de mexicanos, es un atropello a los derechos humanos”, aseveró el senador Ricardo Anaya del PAN.
Recordó que la ONU envió al Senado una carta para pedir que no se apruebe esta reforma, además de que hay dos sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para eliminar la prisión automática en el país, pues se trata de encarcelar a personas vinculadas a proceso, pero sin sentencia.
“Están atascadas las cárceles de gente que no fue defendida, que fue torturada”, por lo que incrementar el catalogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa aumentaría las violaciones a derechos humanos, pues se pueden dar hasta dos años de cárcel sin ser culpable, lo que “injusto, una violación brutal a la presunción de inocencia y no sirve para nada”.
El panista explicó que la figura de cárcel automática está desde 2008 y no ha servido para mejorar las condiciones de seguridad en el país, pues las extorsiones y homicidios han ido en aumento.
Aseveró que hay otras opciones para evitar que los acusados evadan la justicia, como una garantía económica, el resguardo en domicilio, quitarles el pasaporte. Manifestó que actualmente hay 40 mil personas en prisión preventiva a las que no se les ha comprobado si son culpables.
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Por su parte, el senador Saúl Monreal, en representación de Morena, dijo que la finalidad es que exista mayor seguridad al dar cárcel automática a los acusados de delitos de extorsión, producción de drogas sintéticas y factureros.
“La mal llamada Oposición señala que es un exceso, pero la mayoría de Morena considera que es necesario blindar a la ciudadanía”, apuntó.
Abundó que esa figura “no es un cheque en blanco para encarcelar inocentes; al contrario, es labor del Ministerio Público acreditar con datos de prueba la probabilidad de que el indiciado haya cometido el hecho delictivo”.
A su vez, “solo a unos cuantos delitos, los más perversos, les es aplicado esa medida, que se encuentra establecida en el artículo 19 de la Constitución, evitando las amenazas a juzgadores”.
A su vez, la senadora Claudia Anaya alertó que los profesionales de la salud y personas enfermas que usen derivados de fentanilo podrían caer en prisión por adquirirlo para cuestiones médicas.
El dictamen se aprobó en la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos por 22 votos a favor y 10 en contra Estudios Legislativos.
MC
