El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) este miércoles el calendario y plan de la elección judicial, que contempla más de 300 actividades.
En una sesión inédita, sin la presencia de partidos políticos en la llamada herradura de la democracia, los consejeros avalaron el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como el programa de trabajo y cambios al marco geográfico.
El consejero Jorge Montaño recordó que el INE solicitó una prórroga de 90 días, para llevar a cabo la elección hasta septiembre de 2025, por lo que manifestó que se mantendrán atentos a la decisión del Legislativo para, en su caso, modificar el calendario electoral.
Por su parte, la presidenta Guadalupe Taddei, explicó que la elección judicial no está en riesgo, aunque no se apruebe el presupuesto superior a los 13 mil millones de pesos, ni la prórroga de tres meses para aplazar la jornada de votación solicitada e indicó que no se trata de “caprichos o decisiones tomadas al vapor”.
Ante las cientos de suspensiones vigentes afirmó que no acataron la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que se pronunció porque la Suprema Corte resuelva las solicitudes de los juzgadores federales para determinar el estatus y resolución de los juicios de amparo.
Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el INE está preparado para realizar elecciones el próximo año.
Resolución no es obligatoria
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México, determinó que la decisión del Tribunal Electoral para que se continúe con la organización de la elección de juzgadores es solo “ilustrativa y orientadora” y no debe ser obligatoria para los juzgados de amparo.
El magistrado Isidro Muñoz indicó que la sentencia del TEPJF podría ser útil para las autoridades, en este caso los consejeros del INE, para librar un proceso penal por desacato, con penas de hasta nueve años de prisión, así como destitución e inhabilitación.
Recordó que la resolución del Tribunal Electoral que dio luz verde al INE para seguir con la organización de los comicios y estableció que ningún Poder, autoridad u órgano del Estado los puede detener.
