Defiende el respeto a la vida
Crímenes graves deben ser tratados con seriedad
Reitera la atención a las causas de la violencia
JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ante la presentación de la “Ley Crucito” en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró firme en su rechazo a la pena de muerte.
Esta iniciativa, propuesta por la diputada de Morena Elizabeth Mateos, busca sancionar hasta con 30 años de cárcel a quienes asesinen a sus hijastros.
La Ley surge como respuesta al reciente caso de violencia infantil en Iztacalco, donde un hombre golpeó brutalmente a su hijastro de seis años, causándole la muerte.
Consultada sobre la legislación, Sheinbaum dejó claro que no está a favor de la pena de muerte, aunque reconoció la gravedad de delitos como la violencia familiar y el abuso infantil. “Yo no creo en la pena de muerte. Eso es algo que viene desde hace años en nuestro país y es parte de los liberales mexicanos”, declaró, al subrayar que esta postura ha sido parte integral de la tradición de defensa de los derechos humanos en México.
“Yo no creo en la pena de muerte”: Sheinbaum
La presidenta @Claudiashein se pronunció en contra de esta medida de castigo, pues cuestionó “¿hasta dónde tiene el Estado la posibilidad de matar a alguien?”, sin embargo consideró que sí hay delitos que deben de considerarse… pic.twitter.com/zDX031bFrD
— Político MX (@politicomx) November 7, 2024
La mandataria recordó que, si bien los crímenes graves deben ser tratados con seriedad, este tipo de castigos mortales no es compatible con los principios éticos y jurídicos del Estado mexicano. Aseguró que la respuesta a estos crímenes debe involucrar tanto sanciones penales severas como atención a las causas subyacentes de la violencia.
COMPORMISO INTERNACIONAL
Hay que señalar que México, a través de varios tratados internacionales que ratificó, se compromete a no aplicar la pena de muerte. Entre estos destacan:
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): Ratificada en 1981, establece que la pena de muerte solo puede aplicarse en delitos particularmente graves, pero prohíbe su restablecimiento una vez abolida.
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Firmado en 2007, busca la abolición total de este tipo de castigos y prohíbe su reintroducción en cualquier circunstancia.
Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte: Refuerza la postura abolicionista de México.
Declaración Universal de los Derechos Humanos: Aunque no vinculante, esta declaración promueve la protección de la vida como un derecho fundamental.
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