Redacción
El pasado viernes, dos ataques con explosivos en el suroeste de Colombia dejaron un saldo trágico de un muerto y más de diez personas heridas, incluyendo a dos uniformados. Las autoridades señalaron a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), específicamente a la estructura residual Carlos Patiño, como responsables de los atentados.
El primer ataque ocurrió en El Plateado, un poblado rural en la región del Cañón del Micay, donde un soldado, Pedro Rojas Fonseca, perdió la vida. Rojas, quien contaba con 18 años de servicio en el Ejército, estaba patrullando cuando una motocicleta cargada con explosivos estalló en el parque principal del pueblo. Las autoridades informaron que el segundo soldado afectado, Carlos Rangel Pérez, sufrió heridas graves y fue trasladado por vía aérea a un hospital.
El ataque se produjo en el momento previo al inicio de un evento gubernamental destinado a ofrecer servicios a la población local, como brigadas médicas, actividades recreativas y donaciones. Pese a la violencia, las autoridades decidieron no cancelar el evento, pero incrementaron la seguridad en la zona. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, condenó la barbarie del ataque y destacó que estos actos solo fortalecerían la determinación del gobierno para continuar con las actividades y el despliegue militar en la región.
El Plateado ha sido históricamente un punto de conflicto debido a su ubicación estratégica, conectando con la costa pacífica y siendo una zona con cultivos ilícitos de coca. La región está bajo el control predominante de la disidencia Carlos Patiño, un grupo armado que se separó del proceso de paz firmado en 2016, y que desde abril abandonó cualquier intento de negociación con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En otro incidente ocurrido en la zona urbana de Jamundí, parte del área metropolitana de Cali, otro artefacto explosivo fue detonado cerca de un vehículo de la policía. Este ataque dejó 15 heridos, incluidos un policía, y se cree que también fue obra de las disidencias de las FARC, posiblemente como represalia por recientes incautaciones de insumos para la producción de cocaína. La Defensoría del Pueblo instó a los grupos armados a respetar los derechos de la población civil, señalando que en menos de 48 horas se registraron tres ataques con explosivos en Jamundí.
La creciente violencia en el suroeste de Colombia refleja la persistente lucha por el control de territorios clave para el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales que siguen desafiando las autoridades. La situación continúa siendo un reto significativo para el gobierno, que ha intensificado las operaciones militares en un intento por recuperar el control de áreas estratégicas como El Plateado y Jamundí.
