Este martes es crucial para el régimen democrático y republicano de México; el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el que responde a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos en contra de la reforma al Poder Judicial.
El Gobierno de México ya ha dejado clara su postura, no hará caso a la decisión de la Corte si ésta decide que diversas disposiciones, como la elección de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, es inconstitucional.
Desde el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo, argumentan que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de acciones de inconstitucionalidad; sin embargo, ante los ojos de los juzgadores la Corte debe velar por la defensa de la Carta Magna, por lo que sí puede revisar las reformas constitucionales que atenten contra la República.
De acuerdo con el ministro González Alcántara Carrancá, lo que se busca es que la reforma impugnada no afecte la forma republicana, representativa, democrática, laica y federal.
Más allá de tecnicismos y posturas políticas, lo cierto es que, en términos prácticos, la reforma constitucional dejará a 850 jueces y magistrados, así como a ocho ministros sin trabajo, echando por la borda los años de carrera judicial que tuvieron que pasar para llegar al cargo que hoy ostentan.
La reforma judicial elimina la cultura del esfuerzo y la preparación. Actualmente para poder ser juez, o magistrado, los abogados deben pasar años sirviendo al Poder Judicial, haciendo carrera y exámenes que les permitan demostrar su conocimiento y experiencia, lo que ya no será indispensable para los nuevos juzgadores.
La reforma politiza al Poder Judicial, y eso que tanto criticó Morena ahora es una realidad. Los jueces, magistrados y ministros estarán más enfocados en hacer una campaña para que los ciudadanos voten por ellos, que en prepararse. Porque ahora lo que contará será la popularidad y no su conocimiento.
Esta elección abre la puerta a que grupos de interés, llámense partidos políticos o bien el crimen organizado, puedan interferir, con dinero o coaccionando el voto en la elección de los futuros jueces, magistrados o ministros.
Lo peor de esta reforma es la mentira, porque no serán los ciudadanos los que decidan a sus nuevos juzgadores, será la mayoría de Morena en el Legislativo y el Poder Ejecutivo quienes definan a los candidatos, por supuesto afines al régimen, y los mexicanos sólo podrán votar por alguna de las opciones que el oficialismo les dé.
Fueron estos y otros argumentos por los que casi la totalidad de los actuales jueces y magistrados decidieron no participar en la elección del próximo año, a la que calificaron como “una farsa”.
La preocupación no debe ser menor, pues ¿cuál será el nivel de conocimiento y experiencia de los nuevos integrantes del Poder Judicial?.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
Independientemente de quién gane en las elecciones de Estados Unidos, ¿a México le irá bien con el nuevo gobernante estadounidense?
@aguilarkarina
