Por: Silvia Mercado Alemán
Mientras el mundo tendrá los ojos puestos en los resultados de las elecciones en Estados Unidos, esta primera semana de noviembre también será importante en Glasgow (Reino Unido), donde se reunirán dirigentes policiales de todo el mundo en la 92ª reunión de la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Allí se tomarán una serie de decisiones fundamentales que afectarán los sistemas de cooperación internacional, entre ellas la aceptación o no de Taiwán como observador, un país con credenciales comprobadas en temas de seguridad a escala global y que todavía está excluido de este sistema.
El asunto inquietante es que la exclusión de Taiwán de INTERPOL representa una gran pérdida para la seguridad mundial. Taiwán opera con gran pericia sus propios sistemas policiales, judiciales, financieros, comerciales, de aviación, transporte marítimo y control de fronteras.
Tras adquirir experiencia en la lucha contra delitos transnacionales como el fraude de telecomunicaciones, el tráfico de drogas, los ciberataques, el crimen organizado y el terrorismo, las autoridades de Taiwán están en las mejores condiciones para hacer cumplir la ley. Sus oficiales están profesionalmente capacitados y son reconocidos por sus logros en la lucha contra la delincuencia.
No es de extrañar que, según el índice de seguridad de Numbeo, Taiwán sea el cuarto país más seguro del mundo, con la cuarta tasa de delincuencia más baja entre 146 países.
Está claro que una red de seguridad internacional sin Taiwán es incompleta, al igual que es evidente la influencia del Partido Comunista Chino bloqueando la adhesión de Taiwán a INTERPOL desde 1984.
Dada la gravedad del asunto, es necesario apartar temporalmente la agenda política y dar prioridad a la lucha contra la delincuencia transnacional. Si el objetivo global es combatir la delincuencia organizada, ningún país comprometido con la seguridad de sus ciudadanos puede quedar al margen.
La exclusión de Taiwán de INTERPOL dificulta el trabajo de las agencias de aplicación de la ley de la isla al negarles el acceso a inteligencia vital en tiempo real, lo que podría mejorar sus esfuerzos para combatir el crimen, tanto a nivel nacional como transnacional. Sin el estatus de observador en este sistema, Taiwán debe depender de información indirecta que a menudo llega demasiado tarde.
En los últimos años, la delincuencia transnacional ha evolucionado notablemente, impulsada por el acelerado desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación. Las actividades delictivas han adquirido un carácter cada vez más transfronterizo, organizado y anónimo, con transacciones financieras que se llevan a cabo en línea. Esta situación expone a países y personas a un riesgo creciente. Para hacer frente a este fenómeno, es esencial que las naciones colaboren, se brinden apoyo mutuo y compartan información, principios que están en plena consonancia con el Estatuto de INTERPOL.
Conceder a Taiwán el estatus de observador sería un gran acierto para toda la comunidad internacional, no solo porque se estarán defendiendo principios de equidad y justicia, sino porque se mejorará significativamente la cooperación mundial en materia de seguridad.
Además, se aprovechará el potencial informativo que puede ofrecer Taiwán, que hoy se muestra plenamente dispuesto a fortalecer lazos internacionales y a compartir conocimientos especializados con el fin de promover la seguridad, reducir los daños a las vidas y los bienes, y trabajar con la comunidad internacional para combatir la delincuencia transnacional.
¿Acertará INTERPOL en esta decisión? Esperemos que sí; ojalá no siga los pasos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que al vetar el ingreso de Taiwán durante la pandemia de COVID-19 incurrió en un alto costo en vidas humanas.
Silvia Mercado Alemán es Coordinadora de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y del Seminario de Investigación de la Influencia de China en América Latina.
