Para el doctor Eduardo Andrade, magistrado en retiro, el proyecto propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que invalida parte de la reforma judicial es una “barbarie jurídica”.
En entrevista con este Diario, el también constitucionalista señaló que dicho documento, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se trata de una lamentable exhibición de “ignorancia” además de:
“Una barbaridad jurídica ese proyecto. La suprema Corte no tiene ninguna facultad para alterar la Constitución (…) ese pedacerío que le quier quitar el ministro González Alcántara, es una lamentable exhibición de, o de ignorancia o de mala fe, o de intereses políticos, o todo mezclado”.
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Esto porque, a saber del también académico, la SCJN no tiene facultades para invalidar la Constitución, pues la Carta Magna está por sobre la Corte, misma que debe obedecerla, y que, en lo referente al tan mecionado por la Oposición, Tribunal Constitucional -como se refieren al Supremo Mexicano-:
“Tiene facultades para revisar que las leyes, los tratados, reglamentos, cualquier norma inferior a la Constitución no la viole. Pero la Constitución misma es producto del Constituyente Permanente o Reformador (…) ese poder, lo que ponga en la Constitución es inamovible, no lo puede juzgar la SCJN, sino pues para qué hacemos Constitución”.
Por lo que, la vía que tendría la Oposición para echar para atrás la recién aprobada reforma, sería ganar las elecciones, tener la mayoría calificada en ambas Cámaras:
“Como los partidos que cambiaron el régimen de Pemex o la CFE; entonces lo hicieron, es la derecha (…) si ganan, podrán cambiar la Constitución de la manera que crean conveniente”.
Y, en caso de que el proyecto propuesto por Alcántara Carrancá, que busca declarar inconstitucional temas como la elección de jueces y magistrados, así como la figura de jueces sin rostro.
Mientras que, en caso de que el Pleno avale el proyecto de invalidez parcial, Andrade Sánchez indicó que:
“El Poder Ejecutivo y el Legislativo quedan ligados a obedecer la Constitución, no a obedecer un acto inconstitucional; a mí juicio esa resolución sería inejecutable, porque no hay manera que la ejecute (…) seguirían trabajando el Ejecutivo, el Legislativo, y el INE, y todos los poderes autónomos”.
Por ello es que, en caso de que avance el proyecto de Alcántara Carrancá quedaría como los amparos en contra todo el proceso del llamado “Plan C”:
“Esas suspensiones de amparo eran ilegales e inejecutables (…) no pasó nada (…) si aprueban el proyecto, al que van a dañar es al Poder Judicial porque van a mostrar que este se salió de la Constitución”. El proyecto que invalidaría parcialmente la reforma judicial
Este martes, el Pleno del Supremo Mexicano discutirá el documento que considera inconstitucionales la elección popular de jueces y magistrados pero avala el prceso para sus integrantes, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina.
El proyecto analiza las acciones de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 Y 170/2024, que se presentaron en contra del llamado “Plan C” cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre.
El documento también incluye el aval de aspectos como las medidas de austeridad en la SCJN, así como la extinción de diversos fondos y fideicomisos del Poder Judicial.
