La extorsión en la Ciudad de México avanza a un paso alarmante, en 2023 se registraron más de 5 millones de quejas por fraude cibernético; por ello es fundamental unir fuerzas contra estos delitos, destacó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, al presentar una iniciativa para endurecer las penas contra estos actos.
Como parte del “Plan Cuauhtémoc Libre de Extorsión”, Rojo de la Vega explicó que se contemplan modificaciones a diversas disposiciones del Código Penal local para aumentar en una mitad la pena prevista al que cometa delitos financieros utilizando medios digitales, telefónicos o informáticos, incluyendo la simulación de entidades financieras.
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También pretende modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia capitalina para que en el artículo 14, de Unidades Operativas, se agregue la sección XVII para la creación de una Unidad de Investigación de Fraudes y Extorsión.
Acompañada por el coordinador del PAN en el Congreso local, Andrés Atayde, así como diputados de oposición, la también activista hizo un llamado a los legisladores para combatir la extorsión y que las leyes no queden obsoletas ante el incremento en el uso de herramientas digitales y tecnológicas para la comisión de dicho delito.
La alcaldesa lamentó que es un tema que no se pone sobre la mesa, pero si la población cuenta con funcionarios capacitados que los acompañen, entonces la gente denunciará y habrá más carpetas de investigación.
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Destacó que en 2023, en la capital hubo 5 millones 762 mil 195 quejas por fraude cibernético, lo que representa un aumento del 20.1 por ciento respecto al 2022 y un 71 por ciento comparado con el 2018.
Ante estas cifras, Rojo de la Vega dijo: “Hacemos frente en equipo y cerramos el paso al crimen, o permitimos que el delito le gane la partida a la justicia y rendimos la Ciudad de México para siempre”.
Rojo de la Vega agregó que como parte del “Plan Cuauhtémoc Libre de Extorsión”, también contempla crear el “Distintivo antiextorsión”, que les será colocados a los funcionarios de la demarcación que acrediten exámenes de confianza con el objetivo de descartar cualquier tipo de vínculo con la criminalidad.
Por su parte, Atayde externó el respaldo a la iniciativa para fortalecer el marco legal contra la extorsión, ya que, refirió, representa un avance necesario y urgente “para enfrentar estos riesgos en la era digital”.
