La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, alertó que la elección judicial en México, prevista para el 1 de junio de 2025, tiene riesgos de tener influencia económica del crimen organizado.
En un informe, presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas, señaló que “en México, donde se están estudiando propuestas para que muchos magistrados se seleccionen por elección popular, preocupa el riesgo de que los actores económicos, en particular las grandes empresas y la delincuencia organizada, ejerzan una influencia indebida”.
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Dicho documento indica que son pocos los países que eligen a sus jueces por voto popular, por lo que “en los Estados en los que los magistrados son elegidos por la ciudadanía o en los que los poderes políticos desempeñan una función de nombramiento, los actores económicos pueden influir en los tribunales financiando de forma clandestina las campañas de los candidatos”.
Margaret Satterthwaite, relatora especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, en agosto pasado, pidió al Gobierno mexicano reconsiderar la propuesta de reforma judicial y garantizar la independencia de los juzgadores.
En su cuenta de X, indicó que “mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo #México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”.
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La relatora de Naciones Unidas alertó que la elección de jueces y magistrados por voto popular significa un riesgo para la independencia del Poder Judicial.
De acuerdo con una carta de Margaret Satterthwait, relatora especial para la independencia de jueces y abogados, enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, se señala que es preocupante la propuesta de reforma al Poder Judicial y le pide aclarar varias dudas sobre la propuesta.
El mandatario debe indicar a la ONU si “las medidas tomadas para asegurar que las reformas legislativas materia de la presente cumplen con los estándares internacionales y proveen un procedimiento de selección judicial no politizado, basado exclusivamente en los méritos y calificaciones de los candidatos, con mecanismos efectivos de supervisión”.
MSA
