Con 30 a favor del bloque oficialista de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 11 en contra de la oposición (PAN, PRI y MC), la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el dictamen a la minuta con el que se reforman los artículos 105 y 107 de la Constitución en materia de impugnabilidad de los cambios a la Carta Magna.
Los legisladores de enfrascaron primero en un debate sobre la legalidad de convocatoria de la Comisión y la urgencia del bloque oficialista por discutirla y aprobarla lo más pronto posible.
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Morena y sus aliados insistieron en que tienen la representación de la voluntad del pueblo, obtenida en la votación de junio pasado, para reformar la Constitución.
La diputada Annia Gómez Cárdenas (PAN) rechazó las acusaciones del oficialismo de utilizar tácticas dilatorias para aprobar el dictamen.
“¿No sé si tengan noción de lo que estamos a punto de aprobar aquí? Pasaron 94 años para que se hiciera una reforma en materia de derechos humanos en nuestra Constitución, por supuesto que no queremos que en 30 horas se discuta o se dé por discutido y analizado.
“No solo por los diputados, sino por los expertos y la sociedad civil una reforma de este tamaño, están a punto de lapidar los derechos humanos, porque no va a haber manera, nos van a dejar en completa indefensión”, expresó.
La panista pidió a los diputados oficialistas que argumentaran que la urgencia era que no pudieran tumbarles desde la Suprema Corte la reforma judicial con la que, dijo, quieren acabar con la división de poderes, con el Poder Judicial y con la República.
La diputada Irais Reyes de la Torre (MC) sostuvo que el concepto de “supremacía constitucional” es la manera en que la mayoría legislativa pretende engañar al pueblo.
Aseguró que con este cambio a la Constitución se le quita a los ciudadanos las armas legales y legítimas para defenderse del abuso y arbitrariedad de sus representantes.
“Es clarísimo que con la reforma al 105 y 107 constitucional nadie podrá grita alto, nadie podrá defendernos ante la justicia si un día los diputados y senadores deciden quitarnos o menguarnos nuestros derechos humanos en la Constitución.
“Lo que estamos por aprobar nos quita el derecho de para a nuestros diputados y senadores en conjunto con diputados locales, el día que con sus votos traicionen nuestra confianza y aprueben o vulneren nuestros derechos, nada ni nadie, podrá hacer algo”, lamentó.
El diputado Hugo Eric Flores (Morena) reconoció que están tratando de acabar con el activismo político de los juzgadores que está dañando los pesos y contrapesos en el sistema mexicano.
Lo importante, enfatizó, es si el Poder Legislativo va a permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) legisle en materia constitucional y lo cual es el objetivo de la reforma a discusión.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) señaló que lo cambios a la Constitución no pueden estar sujetos a la interpretación subjetiva o a los intereses de unos pocos que busquen retrasar su implementación a través de argucias judiciales.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en repetidas ocasiones, ha sostenido que el juicio de amparo no es un mecanismo para cuestionar las reformas constitucionales.
“El dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración propone dar claridad y certeza al texto constitucional, evitando que intereses particulares utilicen las vías judiciales para entorpecer o revertir reformas aprobadas democráticamente, en estricto apego al procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional”, apuntó.
Sostuvo que la reforma a discusión es necesaria para asegurar que las decisiones soberanas del Congreso no puedan ser frenadas por mecanismos judiciales interpuestos por quienes lo que pretenden no es salvaguardar los derechos humanos y los principios constitucionales a través de la revisión de una reforma al texto de nuestra Carta Magna, sino que pretenden contravenir la voluntad popular.
El legislador del Verde aseveró que la reforma discutida garantiza que en México, por encima de cualquier interés privado, político, económico, de élite o extranjero, siempre prevalezca la Carta Magna “y la voluntad del pueblo si es que éste, a través de sus representantes, decide reformarla”.
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Se espera que mañana se le dé publicidad en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados y el miércoles se discuta y vote; de aprobarse, será enviada la minuta a los Congresos locales para que una vez que 17 de ellos la hayan aprobado se haga entonces la declaratoria de reforma constitucional.
