Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – La diócesis de San Cristóbal exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno el “urgente desarme, desmantelamiento y desarticulación inmediata de los grupos criminales que imperan en la entidad y sus redes aliadas nacionales e internacionales, interesadas en el despojo y control territorial”.
Asimismo, “un alto total a la violencia desbordada en nuestro estado, fruto de la impunidad, la complicidad, la corrupción, negación y minimización de los fatales hechos violentos que día con día viven nuestros pueblos, especialmente Chicomuselo, Frontera Comalapa, Pantelhó y las regiones de la sierra y la frailesca”.
De igual forma demandó “el esclarecimiento del cruel asesinato del presbítero Marcelo Pérez Pérez, ejecutado el 20 de octubre, al terminar la misa matutina en el Barrio de Cuxtitali, y que se haga justicia hasta llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales, evitando acusaciones ligeras para evadir la presión social”.
En un comunicado señaló que el homicidio de Pérez Pérez, originario del municipio tsotsil de San Andrés Larráinzar, sucedió “en un contexto que como diócesis señalamos desde 2020 en la Carta Pastoral Caminemos juntos a la Luz de Señor, cuando se incrementó la descomposición social con situaciones de violencia, por la presencia de los grupos delincuenciales y la permisividad de las autoridades, mediante redes de corrupción”.
Añadió que “aun sabiendo que peligraba su vida, nuestro hermano Marcelo vivió una profunda fe en Dios y un gran amor a los pueblos que le hizo llegar hasta las últimas consecuencias sellando con su sangre, su compromiso hasta dar la vida”.
Manifestó que “todo el servicio pastoral que desempeñó, le llevó a sufrir un largo período de amenazas persecuciones, hostigamientos, calumnias, difamaciones, incluso una orden de aprensión infundada, que ponían en riesgo su integridad, llegando al punto de arrebatarle su vida”.
En el documento firmado por los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, así como por la canciller, María Reyes Arias Sarao y el vicario de justicia y paz, Miguel Angel Montoya Moreno, la diócesis agradeció al padre Marcelo su vida, su opción, su entrega, su valentía y su “convicción en la construcción de la paz, en el seguimiento de Jesús hasta la cruz y la resurrección”.
También exigió “el cese a la criminalización y persecución de sacerdotes, misioneros, misioneras, hermanos laicos y laicas, defensores y defensoras de derechos humanos, comprometidos por la paz con justicia y dignidad, en el servicio pastoral fuera y dentro de nuestra de diócesis de San Cristóbal”.
Concluyó: “Conmovidos ante este indignante y lamentable acontecimiento, agradecemos todas las muestras de solidaridad recibidas de parte de la comunidad eclesial, instituciones afines y sociedad civil nacional e internacional”.
