Familiares de los adolescentes arrestados tras las protestas post-electorales del 28 de julio en Venezuela, se manifestaron en la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para pedir la liberación de los menores y verificar sus condiciones de detención.
Durante la protesta, los familiares presentaron un documento donde se aseguró que de los 142 menores inicialmente capturados, 70 aún permanecen encarcelados en condiciones “deplorables e inhumanas”, infringiendo los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, las madres denunciaron problemas graves como el hacinamiento, falta de atención médica, alimentación insuficiente y ausencia de protección contra abusos físicos y psicológicos.
Nérida Ruiz, madre de uno de los menores, compartió la experiencia de su hijo, detenido el 31 de julio. El acusado enfrenta cargos de terrorismo y resistencia a la autoridad, acusaciones que ella niega de manera rotunda.
Mientras que Katherine Martínez, madre de una adolescente de de 17 años, relató que su hija fue detenida el 4 de agosto simplemente por estar en un grupo de WhatsApp, y ahora enfrenta una posible condena de 10 años por incitación al odio.
Los familiares instaron urgentemente a la UNICEF a intervenir en esta crisis, destacando lo grave de la situación y la necesidad de una respuesta rápida para lograr la liberación de los menores.
