Con un expediente penal de señalamientos de irregularidades locales probadas, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Calderón, Genaro García Luna, fue enjuiciado y sentenciado en Estados Unidos por el presunto delito de haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán a cambio de protección oficial.
A pesar de tener una fama de un servicio judicial-penal que sirve de ejemplo mundial, las Cortes estadounidenses se mueven por política, por decisión de los jueces y por presentación de testigos dudosos, aunque muchos de esos expedientes no pasen la prueba de la veracidad de un proceso judicial sujeto a derecho.
A García Luna le tenían expedientes más o menos con pruebas sobre irregularidades en procesos judiciales mexicanos e inclusive en lo que fue parte de su pérdida de credibilidad: la fabricación en videos de casos concretos, como el de la francesa Florence Cassez.
La Corte de Estados Unidos enjuició a García Luna por la acusación de haber recibido dinero del Chapo a cambio de protección, pero en el entendido de que la dimensión de esos presuntos delitos no debiera de involucrar sólo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, sino a toda la estructura del Gobierno de Calderón que tenía que ver con esas decisiones colegiadas.
En este contexto, la acusación contra García Luna obedeció a una estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que estaría mandando mensajes a la actual administración pública federal de la presidenta Sheinbaum en caso de que mantenga y profundice las restricciones a la Comunidad de Seguridad de Estados Unidos en el tema del narcotráfico mexicano y en el escenario del crimen organizado transnacional.
García Luna tenía una enorme cola de irregularidades, pero en el caso de El Chapo y el Cártel de Sinaloa fue una víctima propiciatoria.
Zona Zero
Estados Unidos ha construido un ambiente de sospechosismo respecto a figuras de la política y el gobierno mexicano sobre sus presuntas relaciones con el narcotráfico, pero es la hora de que no se han presentado evidencias concretas de que los narcos encarcelados y sentenciados hayan dado pruebas de esas relaciones. Ahora viene el temor de que Ismael El Mayo Zambada haya despepitado nombres de funcionarios mexicanos aliados al narco y que esos datos estallarán a lo largo de su juicio en la Corte.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
