Nuevo titular de Servicios Urbanos tiene acusaciones por negligencia en obras públicas de la entonces delegación Benito Juárez, además de tolerar la corrupción inmobiliaria
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- La nueva administración de la alcaldía Álvaro Obregón a cargo del aliado morenista, Javier López Casarín, se ha convertido en el refugio de ex funcionarios que colaboraron con la oposición como Carlos Domínguez, quien fue un operador cercano al panista Jorge Romero, cuando gobernó la entonces delegación Benito Juárez (2012-2015), un trienio marcado por el crecimiento inmobiliario irregular y fraudes en obras públicas.
López Casarín anunció oficialmente el nombramiento de Domínguez López como titular de la Dirección General de Servicios Urbanos, el área encargada de atender fugas, podas, balizamiento, bacheo, reparación de luminarias, entre otros trabajos.
De acuerdo con la última información histórica, Carlos Domínguez en BJ se desempeñó como Director de Obras, cargo por que la Secretaría de la Contraloría capitalina inició una investigación en su contra.
El expediente CI/BJU/A/239/2015 indica que la negligencia de Domínguez López junto con los entonces funcionarios en la delegación Jorge Valverde y Enrique Zárate, fueron negligentes con el contrato de obra para la remodelación del edificio público Centro de Servicios y Atención Ciudadana (Cesac).
En la ejecución de este contrato, los funcionarios permitieron que se hicieran cobros excedentes por objetos de obra no ejecutados con la empresa Grupo Inmobiliario Saida S.A. de C.V.
Por este incidente, aunque fueron consideradas como faltas administrativas graves, todos los funcionarios fueron suspendidos de su cargo, además de ser acreedores de una multa económica; sin embargo, no es el único incidente que los involucra, ya que el trienio de Romero Herrera es considerado por los afectados de la corrupción inmobiliaria en BJ, como el más voraz con las nuevas construcciones.
Tan sólo la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), durante el mencionado trienio alertó la existencia de siete construcciones de edificios sólo en 2014 que merecían su suspensión y demolición. La delegación gobernada por el panismo tenía conocimiento de los pisos excedentes y documentos irregulares, pero los funcionarios no hicieron nada.
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