La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, de 64 años, en el marco de una investigación por presunta “trata de personas” y “estupro”, delitos que, de confirmarse, podrían marcar un giro decisivo en la vida política del líder cocalero.
La fiscal Sandra Gutiérrez, responsable del caso en el departamento de Tarija, confirmó que Morales fue debidamente notificado pero se negó a comparecer, lo que llevó a la decisión de forzar su presentación ante el Ministerio Público.
El caso tiene sus raíces en 2015, cuando Morales supuestamente mantuvo una relación con una menor de 15 años, con quien habría tenido una hija al año siguiente. En 2020, esta denuncia fue archivada, pero el proceso fue reabierto recientemente con nuevos elementos que incluyen cargos de trata de personas. Según la fiscalía, los padres de la joven entregaron a su hija a la “guardia juvenil” de Morales con fines políticos, lo que configura el delito.
La situación se complica aún más al considerar el contexto político. Morales, líder indígena y mayor opositor del actual presidente Luis Arce, denunció que el proceso judicial es parte de una estrategia para evitar su retorno al poder. Según el exmandatario, Arce, su antiguo ministro, está detrás de una conspiración para “descabezar al movimiento popular boliviano”. Estas acusaciones se suman a la creciente tensión política en Bolivia, donde Morales sigue siendo una figura influyente.
El abogado de Morales, Nelson Cox, confirmó que su cliente no se presentará mientras no se regularice el proceso, alegando que este fue clausurado anteriormente. La orden de aprehensión, emitida inicialmente el 26 de septiembre, fue anulada por una jueza, pero Gutiérrez reabrió el caso tras ser restituida en su cargo.
