Quién sabe cómo le vaya a hacer el gobierno, el Senado y Morena (que en términos prácticos son lo mismo), para sacar, primero, la convocatoria para la elección del 50% de jueces, magistrados y ministros, y después para llevarlos a las urnas el 1 de junio próximo.
El escenario no es nada sencillo y apunta a que en los próximos días se complicará aún más.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, envió en septiembre pasado una solicitud a la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, para que le fueran proporcionados todos los cargos que, de acuerdo a la reforma al Poder Judicial, serán susceptibles de renovarse en votación directa.
Piña le reviró con una muy amplia explicación del proceso, para terminar su misiva diciendo que se encuentra imposibilitada de cumplir tal petición porque existen amparos que le impiden cumplirla.
Es decir, llanamente le dijo que no le dará dicha lista porque hay recursos legales, mandatados por jueces, que se lo impiden.
Obviamente, eso provocó la furia del senador morenista porque, de acuerdo al calendario de la reforma judicial, el día 16 de este mes tendría que publicar la convocatoria para inscribirse a esta elección.
Sumado a ello, se encuentran las 71 órdenes de suspensión de la organización del proceso que diversos actores políticos han ganado en contra del INE, encargado de la elección.
De estas 71 órdenes (juicios de amparo ganados por actores perjudicados por la reforma), el INE ha recibido 25 notificaciones en las que los juzgadores les advierten que de seguir con el proceso se harán acreedores a una sanción penal de 3 a 9 años de cárcel.
Ayer mismo, el INE presentó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que por cierto no se sumó al paro de labores ni a las protestas en contra de la reforma, que anule dichas suspensiones.
“Las autoridades responsables carecen de competencia para pronunciarse sobre normas generales y actos de contenido materialmente electoral, al tiempo que dichos mandamientos y sus efectos constituyen una invasión de atribuciones constitucionalmente conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y están encaminados a la obstaculización de la función estatal de organizar elecciones conferida al Instituto Nacional Electoral”, precisó el INE en el recurso interpuesto.
Por la cercanías de los tiempos, el magistrado Felipe de la Mata, a quien fue turnado el documento, tendría que elaborar un proyecto esta misma semana o de lo contrario todo el proceso sufrirá retrasos.
Y aunque Morena y la propia presidenta Sheinbaum se aferren al discurso de que la Corte no tiene facultades para revisar una reforma constitucional, por si las dudas, el diputado Sergio Gutiérrez Luna presentó una reforma con la que busca, según dijo, “reafirmar la imposibilidad de que la Suprema Corte se pronuncie sobre reformas constitucionales’’.
A pesar de haberles echado el camión encima, el Poder Judicial sigue moviendo la patita.
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Muy orondo el todavía gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quién ni sus gobernados toman en serio, presumió que un día de estos el gabinete de seguridad sesionará en su estado, como si eso fuera suficiente para acabar con la violencia que ha cobrado más de 150 muertos y un número similar de desaparecidos en un mes.
En Guerrero sesionó dicho gabinete y mire cómo están.
@adriantrejo
