Analistas del sector digital piden al nuevo gobierno que está por comenzar el 1 de octubre, acelerar la ley de ciberseguridad, acorde a la digitalización que estamos viviendo y la rápida llegada de la inteligencia artificial.
Miguel Oswaldo Zárate Martínez, analista de derecho e informática del despacho Zárate Abogados, dijo que urge crear una ley que nos permita homologar o tener un modelo de seguridad digital como el de Europa, o Estados Unidos, pero ni siquiera contamos con organismos especializados.
Señaló que el principal reto en estos momentos de alguna manera es la privacidad de los datos y que las nuevas instancias digitales velen porque se cumpla con un nivel de ciberseguridad.
Dijo que con una nueva legislación no debe haber pretextos para que se puedan vulnerar los derechos de confidencialidad de cada uno de los datos que establezcan tanto para la iniciativa privada como para la administración pública.
Agregó que la nueva administración federal deberá dotar a las autoridades correspondientes de herramientas y armas para frenar a los cibercriminales, porque si bien es cierto que los sectores financieros y empresas están siendo atacados y vulnerados, también la población está siendo afectada, incluso con secuestros virtuales.
De avanzar la ley en el tema digital, se debe tener mucho cuidado, dijo el analista, para que estos cambios y nuevas regulaciones no lastimen otros derechos de las personas. En tanto Jorge Osorio, analista de seguridad de la firma Infosecurity México, dijo que la falta de una Ley de Ciberseguridad impide saber con exactitud cuántos delitos existen, qué tipos de delitos y sanciones se aplicarían.
Explicó que de acuerdo a Condusef, por año hay reclamaciones por cerca de 17 mil millones de pesos por fraudes digitales, lo cuál puede suceder en diversas modalidades y formas como en la usurpación de tiendas en línea, dispositivos móviles o cualquier tipo de medio digital donde se pueda realizar una transacción o negociación.
Osorio afirmó que un país donde han vulnerado sistemas de dependencias como Petróleos Mexicanos, el SAT y algunas otras, de inmediato se deben modificar y actualizar las políticas y lineamientos incluso para entes militares, y una nueva ley de ciberseguridad podría ayudar a perseguir de manera más clara a atacantes o hackers.
Dijo que se debe trabajar con otros países para realizar investigación en conjunto e intercambio de información, porque muchas de estas afectaciones ni siquiera vienen del mismo país, o no vienen de un sólo país. Recomendó a los usuarios revisar que sus datos en la nube o en servidores no estén en otros países que incluso los alojan en un tercer país, lo que permite ser vulnerable a un ataque cibernético.
Abundó que tener los servidores en diferentes países complica las labores de investigación, seguimiento y captura de cibercriminales.
“Creo que tener una ley de ciberseguridad podría ayudar a ese tipo de colaboraciones con el FBI y la CIA de una manera más fácil y si se redacta de forma correcta, se pueden establecer protocolos de cooperación que sean homologados. Es decir, que ayuden a que la comunicación entre organizaciones fluya sin tantas trabas burocráticas”, estimó el consultor en seguridad digital.
