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Luego de que la empresa estadounidense Vulcan señalara que irá a tribunales internacionales tras la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) del banco de materiales Calica, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al Gobierno le “asiste la razón”.

Esto, ya que el lunes su administración publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria como ANP de una zona que abarca los 2 mil que tenía la minera estadounidense en concesión, y cuyas actividades se suspendieron por presuntos daños al medio ambiente.

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El titular del Ejecutivo dijo que, si Vulcan lleva a litigio internacional el caso:

“Nos asiste toda la razón, se puede ir a cualquier tribunal y (no se daría la razón a México) sólo que no haya justicia, y que ya imperé la hipocresía”.

A la par, el mandatario ironizó que la minera estadounidense ha acusado que la Declaratoria violentaría el T-MEC: “hablan de la defensa del medio ambiente, de evitar el cambio climático, y miren lo que hacen”.

Y a renglón seguido se proyectó en el Salón Tesorería un video de la forma en que la empresa realizaba el proceso para producción de grava para carreteras, lo que implica el uso de explosivos.

A su vez, dijo que la empresa de EU se ha comportado con prepotencia y no ha aceptado el avalúo y la oferta que le hizo el Gobierno para comprarle su parte, porque:

“No entendiendo de que México es un país independiente, soberano. Imagínense que se llevan grava del paraíso, es de las zonas más bellas de México y del mundo, el mar Caribe, y que se utilice de banco de material”.

El 13 de julio de 2023, López Obrador anunció en su Mañanera que cerca de 2 mil hectáreas de selva que en gobiernos anteriores fueron concesionados a la empresa Vulcan Materials, SAC-TUN (Calica) serían declaradas ANP, luego de que la compañía estadounidense sobreexplotara 400 de ellas, según dicho del mandatario federal:

“Estamos planteando: ‘a ver, les compramos todo’ y la parte de selva, que independientemente de lo que resulte del litigio de lo que ya está impactado, la parte de selva ni piensen que van a utilizarla como banco de materiales porque, antes de que yo me vaya, voy a emitir un decreto para que se convierta en área natural protegida”.

Dicho anunció se dio un año después de que su administración clausurara el 6 de mayo de 2022 la explotación debido a que, según el dicho de López Obrador, no cumplió con parar la extracción de materiales.

Esto, luego de que el Presidente -en un sobrevuelo- constatara que la empresa siguió sus trabajos pese a que los representantes de la misma se comprometieran con la Federación de parar sus labores.

Por lo anterior, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se clausuró parcialmente la zona, y se denunció a Vulcan ante la ONU, según indicó el titular del Ejecutivo en ese entonces.

El 16 de junio de 2022, López Obrador señaló que su Gobierno presentaría denuncias en organismos internacionales y alertas en las bolsas en contra de la minera Vulcan:

«Vamos a hacer denuncias ante la ONU porque, incluso estoy pensando hacer una notificación a las bolsas de valores donde cotiza la empresa, porque todos tenemos que cuidar el medio ambiente, de verdad».

Casi 2 semanas después (6 de julio de 2022) el Presidente informó que la titular de Semarnat, María Luisa Albores estaba en la sede de la ONU en Nueva York para presentar:

“Una denuncia por destrucción del territorio que se está haciendo del conocimiento de organismos internacionales, es lo de Calica en Quintana Roo”.

Semanas después (27 de julio) López Obrador anunció que su Gobierno ofreció a Vulcan 6 mil millones de pesos por Calica, pero luego de varios meses la empresa rechazó la oferta.

Y, apenas este 16 de julio, el mandatario saliente anunció que antes dejar su cargo buscaría la clausura definitiva de Calica:

“Antes de irme, yo tengo que dejar resuelto eso, lo vamos a resolver legalmente, ya hay una clausura, así, pero quiero que sea una clausura definitiva, porque es mucho el daño que han causado”.

Ese día, al ser cuestionado sobre el tema, López Obrador indicó que va por el cierre y confía en que el Gobierno de México gané el litigio subsiguiente:

“Va a ganar el gobierno de México, tiene que ganar el gobierno de México ante el arbitraje, porque ni modo que vayan a apoyar el ecocidio que se ha cometido en esa zona, los que hablan de enfrentar el cambio climático y todo demagógicamente”.

A 76 días de dejar el cargo, López Obrador señaló que su administración ya ofreció un acuerdo de compra con los dueños, pero que no están bien asesorados, y les afecta “tener abogados mexicanos, muy acostumbrados a la traza” y aunque, según su dicho, siguen a la espera del cambio de Gobierno para continuar con lo que calificó de “destrucción del territorio”, eso ya no es posible debido al “daño que le han hecho a México”.

Además, reveló que se ofreció a la compañía: “quitarles las multas por los daños ocasionados porque violaron toda la legislación en materia ecológica, eso está probado”.

De tal suerte que acusó que algunos abogados en México “los sonsacaron” para buscar protestas por parte de los senadores de EU con el argumento que sería una expropiación, lo que negó; dijo que se trata de “aplicar la ley”.

En su Mañanera del 22 de mayo, López Obrador arremetió contra el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, ante quien Vulcan hizo “lobby” al respecto:

“Mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio (…) nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestros territorios, no. Mejor que no vengan que se vayan a otra parte”.

El 21 de mayo en una sesión con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el legislador Tim Kaine cuestionó a Blinken sobre el tema, al decirle que López Obrador “ha tratado de apropiarse de este terreno en 2 ocasiones, incluso con invasiones policiales y militares”.

Ante ello, el secretario de Estado dijo que el caso estaba sujeto a arbitraje y que: “Le hemos planteado el punto de manera genérica al Gobierno de México, incluido el presidente, de que la confiscación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones”.

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