Sin reglas claras ni proyección presupuestal, el Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó a ciegas la organización de la elección judicial, que implica la renovación de más de 800 cargos.
Durante la sesión de instalación del Consejo General para la organización de jueces, magistrados y ministros, los consejeros pidieron al Senado acelerar la expedición de las leyes reglamentarias y la convocatoria, ante la incertidumbre jurídica y presupuestal.
En un hecho inédito, ayer arrancó la elección judicial sin saber cuántas casillas se van a instalar, los recursos económicos que se van a necesitar y el diseño de materiales que se utilizarán.
El INE comenzó la organización entre protestas de trabajadores del Poder Judicial y con la exigencia de jueces y magistrados de que se respeten las suspensiones por los juicios de amparo que están en proceso contra la reforma.
Ante la falta de instrumentación legal para la elección de más de 800 cargos de ministros, jueces y magistrados, cuya jornada electoral se realizará el próximo 1 de junio, distintas consejerías manifestaron su preocupación por la falta de reglamentación.
La consejera Carla Humphrey aseveró que el próximo año se renovará la totalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una parcialidad de cargos del Poder Judicial, ante lo cual el INE arrancó la organización con incertidumbre presupuestal y reglamentaria, en lo que significa la tarea más delicada que se les ha encomendado.
“Me refiero a cumplir con un mandato constitucional, preparando y organizando por primera vez una elección de dimensión nacional con instrumentos legales limitados, con incertidumbre sobre la suficiencia y oportunidad de los recursos presupuestales a nuestra disposición para cumplir con esta misión”.
La consejera realizó un llamado al Legislativo para “aportar claridad y densidad legal si decide hacerlo con rapidez para que nuestros trabajos gocen de un robusto respaldo jurídico, consolidado en leyes secundarias indispensables”.
La Cámara de Diputados, dijo, deberá realizar un “esfuerzo responsable e informado para diseñar un presupuesto suficiente para este proceso, que permita cursar de mejor manera las dinámicas de la planeación, el ejercicio y el control del gasto de la mano de los principios de la austeridad republicana”.
Humphrey indicó que preocupa el mandato de la reforma judicial sobre el diseño de la boleta para la elección de juzgadores, pues se ordena que tenga una lista de candidatos, según el Poder que los propone, y sean los ciudadanos quienes escriban los nombres de sus candidatos.
“Son muchas boletas con muchos nombres, creo que el primer reto será para nuestros capacitadores”, y dijo que se necesitará una campaña informativa para que los electores sepan cómo votar.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala aseveró que “es un modelo complejo el que se tendrá que construir, ya se ha dicho, no tenemos precedentes, tenemos precedentes en construir alternativas y no va a ser la excepción”.
La consejera pidió al Legislativo aprobar la reglamentación de la elección judicial “con la mayor inmediatez, porque nosotros el proceso lo veremos, tendremos que construir un plan de trabajo, un cronograma y cualquier cambio tiene implicaciones en el modelo operativo.
Consideró que “si el legislador se va a hacer cargo de regular, de normar este proceso operativo, de dar el desarrollo operativo, lo haga con la mayor rapidez que se pueda porque el INE tiene que trabajar con bases ciertas de frente a la ciudadanía”.
Por su parte, el consejero Jorge Montaño dijo que no hay legislación secundaria, “porque el INE no realizó la reforma, solo organiza elecciones” y acatará ese mandato.
El Consejo General aprobó ayer por unanimidad el acuerdo de declaratoria de arranque de la etapa organizativa del proceso electoral para elegir ministros, jueces y magistrados, así como diversos documentos en los que se ordena crear el cronograma de actividades y modificar el presupuesto del próximo año, además se instaló la Comisión que dará seguimiento al proceso de elección judicial.
