La Asamblea General de la ONU adoptó el ambicioso “Pacto para el Futuro”, un acuerdo con 56 acciones clave para enfrentar los principales desafíos globales, como la guerra, el cambio climático y la pobreza. Aunque el texto cuenta con la oposición de países como Rusia, Venezuela y Nicaragua, su adopción representa un esfuerzo por brindar respuestas colectivas a problemas complejos del siglo XXI.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, enfatizó que “los desafíos del siglo XXI deben ser resueltos con soluciones del siglo XXI”. Sin embargo, también expresó frustración ante la dificultad para lograr un consenso verdaderamente ambicioso, aludiendo a la necesidad de que los Estados demuestren “visión, valentía y ambición”. Pese a la oposición de algunas naciones, el acuerdo fue respaldado por los 193 miembros de la ONU, aunque no es jurídicamente vinculante.
El pacto contempla áreas clave como la paz y el derecho internacional, la reforma del Consejo de Seguridad, la gobernanza de la inteligencia artificial, y el cambio climático. Sobre este último tema, uno de los más polémicos, Guterres subrayó que “no tenemos una respuesta global para las amenazas emergentes”, refiriéndose a la transición hacia energías limpias, tema que encontró resistencia de países productores de hidrocarburos. No obstante, el pacto logró incluir compromisos sobre la reducción del uso de combustibles fósiles, un avance notable en medio de las negociaciones.
A pesar de las críticas, el documento representa una oportunidad para reforzar el compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional. Los países en desarrollo, por su parte, ven una oportunidad para acelerar la reforma de las instituciones financieras, lo que podría facilitar su acceso a financiamiento preferente en un contexto de crisis climática.
Finalmente, el pacto también aborda la reforma del Consejo de Seguridad, órgano paralizado por el poder de veto de las grandes potencias. Este texto llama a hacerlo “más representativo” y a subsanar la “injusticia histórica” de la exclusión de África como miembro permanente.
