El bloque oficialista en la Cámara (Morena-PVEM-PT) aprobó en lo general, con 362 votos a favor y 133 en contra, el dictamen que reforma 12 artículos de la Constitución para que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esto luego de que la legislatura pasada, al no contar con mayoría calificada en la Cámara, el oficialismo no pudo aprobar el cambio constitucional, y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un decreto de septiembre de 2022, con el que se buscaba su incorporación al Ejército.
Durante el debate, la oposición reclamó que la propuesta de cambio a la Carta Magna, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, militariza la seguridad pública y no será la solución a la inseguridad y violencia en el país.
El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseveró que esta reforma disminuirá la inseguridad que impera en el país desde hace 24 años.
“Yo creo que es una gran experiencia la que vamos a vivir y sí creo que frente a lo que está pasando en el país, esta reforma va a atenuar y va a ser instrumento para responder al gran reto de la inseguridad pública provocada desde el 2000, desde hace décadas por la delincuencia organizada, por el crimen organizado.
La diputada Ana Luisa del Muro García (PT) sostuvo que el dictamen tiene como objeto fortalecer al Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de derecho.
Aseguró que al incorporar la Guardia Nacional a la Sedena se logrará una mayor profesionalización y disciplina.
Al presentar una moción suspensiva, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) recordó que en diciembre de 2017, Morena y Acción Nacional coincidieron en la no militarización de la seguridad pública cuando se aprobó la Ley General de Seguridad Pública Interior.
“Tan es así que, en enero del año 2018, juntos interpusimos una acción de inconstitucionalidad que, a la postre, la Suprema Corte de Justicia tomaría los argumentos vertidos por Morena y vertidos por Acción Nacional, para desechar y para sacar del marco normativo a la Ley General de Seguridad Interior.
“Paradójicamente, los tiempos han cambiado y en aquel momento se decía en la Suprema Corte que el mando debería de ser completamente civil, que la adscripción debería de ser a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que tenía que ser la actuación del Ejército, bajo criterios de subordinación, temporalidad, de forma extraordinaria y de forma fiscalizada”, expresó el panista.
En 2019, continuó, hubo consenso de todas las fuerzas políticas y se decidió apoyar la creación de la Guardia Nacional.
En aquel momento, dijo Téllez Hernández, se dijo que la Guardia Nacional sería con un mando completamente civil, que habría un proceso de transición de cinco años para llevar a cabo el fortalecimiento de las policías locales y de las policías municipales, capacitación y profesionalización, pero eso no sucedió.
La diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) sostuvo que con esta reforma el Estado mexicano se aleja de los estándares internacionales en materia de seguridad pública, las sentencias de tribunales internacionales y las recomendaciones de mecanismos de protección de derechos humanos.
El dictamen, abundó, contraviene la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Alvarado Espinoza, y otros contra México que establecen que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe de ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.
“Los elementos de la Guardia Nacional dejan de estar subordinados a mandos civiles y pasan a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa”, condenó la priista.
El debate en San Lázaro continuaba al cierre de esta edición, con la presentación de más de 400 reservas.
