Los colectivos Seguridad sin Guerra, #LaJusticiaQueQueremos y Amnistía Internacional advirtieron que la reforma a la Constitución que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene aspectos graves y de alto riesgo para los derechos humanos de la ciudadanía.
En un comunicado conjunto, los activistas recordaron la postura el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando buscaba la Presidencia y mencionó que: “El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. No es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de Inseguridad y de violencia”.
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“Hoy, en sus últimos días como presidente, busca empoderar aún más a las Fuerzas Armadas en el país, otorgándoles facultades constitucionales inimaginables que las convertirían en un poder facultado para tareas de seguridad nacional, seguridad pública, de investigación, de participación en construcciones públicas, de vigilancia y control fronterizo, entre otras, cubiertos de un manto de secrecía y opacidad bajo un fuero militar”, condenaron.
Enfatizaron que el dictamen que se discute este jueves en la Cámara de Diputados formalizaría el paso de la Guardia Nacional, creada en marzo de 2019, a la Sedena y su incorporación a la Fuerza Armada Permanente, a pesar de que el uso de militares en las tareas de seguridad pública no ha solucionado la grave crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace tres sexenios.
Entre los riesgos que identificaron los colectivos y Amnistía Internacional son que el Presidente podrá usar discrecionalmente y en cualquier momento a la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, seguridad interior y defensa exterior, aun en tiempos de paz.
También advirtieron sobre la facultad de la Guardia Nacional de realizar labores de investigación bajo el mando del Ministerio Público; la aplicación del fuero militar a este cuerpo policiaco; la facultad del Poder Legislativo de expedir disposiciones secundarias sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior y seguridad pública aun en tiempos de paz; el Congreso y el Ejecutivo podrán otorgar todo tipo de funciones a la Fuerza Armada Permanente.
Además, señalaron que se abre la posibilidad de que un militar participe en las elecciones presidenciales, con el hecho simple de no estar en activo seis meses antes de la elección y condenaron que el nuevo titular de la Guardia Nacional sea un General de División, designado por el Presidente de la República a propuesta del titular de la Sedena.
“Desde los colectivos Seguridad sin Guerra y #LaJusticiaQueQueremos, integrados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de víctimas, así como por la organización Amnistía Internacional, advertimos de los graves riesgos para la democracia y la vigencia de los derechos humanos, que significa la reforma.
“Hemos denunciado constantemente los efectos perversos de la militarización de la seguridad pública y de la administración pública, a través de la incorporación de la Guardia Nacional a tareas reservadas al poder civil”, expresaron.
Agregaron que la Guardia Nacional es la séptima institución con más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con mil 772 expedientes registrados, de acuerdo con el Sistema de Alerta de este organismo.
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Entre las principales violaciones a derechos humanos atribuidas a la Guardia Nacional se encuentran: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia; prestar indebidamente el servicio público; detenciones arbitrarias; emplear arbitrariamente la fuerza pública, acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes; trato cruel, inhumano o degradante.
Además, agregaron, la participación de militares en la seguridad pública no ha traído beneficios o mejoras en la aplicación de justicia, por el contrario, un foco rojo del uso de militares en tareas de seguridad ciudadana es el abuso de la fuerza, el cual ha sido mayor en este sexenio que en el anterior, de acuerdo con el “Análisis de la propuesta de reforma constitucional sobre las Fuerzas Amadas”, en el que la organización Intersecta evalúa el índice de letalidad resultado de los enfrentamientos entre militares y civiles.
Por último, afirmaron que López Obrador tenía razón cuando señaló, en febrero de 2012, que: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles. El Ejército no está preparado para esta función”; sin embargo, lamentaron, su política en seguridad, a lo largo de su sexenio, ha sido contraria a lo prometido.
#Comunicado
La reforma constitucional que está por votarse incluye aspectos graves y de altos riesgos para los derechos humanos de la ciudadanía pic.twitter.com/HAkKYBg9KO
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) September 19, 2024
EAM
