El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y su secretaría nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos aseguraron que la reforma judicial aprobada por el Morena y sus aliados representa un grave atentado contra la independencia judicial y los derechos humanos fundamentales del país.
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En un comunicado, la dirigencia panista sostuvo que estos cambios son impulsados sin el debido diálogo ni consenso y pone en riesgo la estructura democrática de México al debilitar la independencia de la judicatura, uno de los pilares esenciales para la protección de los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía.
La propuesta de elegir a los jueces por voto popular, bajo la influencia directa de intereses políticos, no solo compromete la imparcialidad de las decisiones judiciales, sino que abre la puerta a la politización de la justicia, un escenario que podría derivar en la captura política del Poder Judicial, advirtió el CEN panista.
Añadió que diversos organismos internacionales han advertido sobre estas amenazas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido llamada a intervenir por más de mil jueces y magistrados que advierten sobre la afectación a sus derechos laborales y la posibilidad de un desmantelamiento de los órganos de control al poder y de garantía efectiva de derechos humanos.
Además, recordaron, la relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, ha expresado su preocupación por la intimidación y las interferencias que la reforma podría generar, debilitando aún más el sistema judicial mexicano.
También la organización WOLA ha subrayado los riesgos para los derechos humanos que esta reforma conlleva, advirtiendo que la propuesta podría perpetuar la impunidad y el abuso, dejando a la población más vulnerable sin protección ante las arbitrariedades del poder, dijo el PAN.
Agregó que el Bank of America (BofA), el segundo mayor banco estadounidense, manifestó su preocupación por las implicaciones de esta reforma judicial, considerándola la más preocupante y trascendental de las 20 reformas del plan C del presidente López Obrador.
Según el análisis de BofA, esta reforma podría tener enormes implicaciones para el funcionamiento de la democracia en México, y es vista con gran preocupación por los gremios empresariales.
BofA advierte que la combinación de esta reforma con las próximas elecciones en Estados Unidos y la sobrerrepresentación del oficialismo en el Congreso podría marcar negativamente la próxima década del país, generando una mayor volatilidad en los mercados financieros y afectando la estabilidad política y económica de México.
A estas preocupaciones se suma la postura de las Facultades de Derecho de nueve universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Panamericana (UP) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó Acción Nacional.
“Estas instituciones han manifestado su firme rechazo a la reforma, subrayando la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial como elemento fundamental para el correcto funcionamiento del sistema democrático en México.
“La autonomía judicial es esencial para mantener el equilibrio de poderes y garantizar una impartición de justicia imparcial, principios que esta reforma pone en grave riesgo”, indicó.
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