Soy una persona a la que cuesta terriblemente lidiar con los cambios. Después de haber confesado mi resistencia permanente a que las cosas se muevan de lugar, también tengo que admitir que cambiar es uno de los procesos indispensables para crecer, para fortalecerse y para lograr una evolución resistente.
Llevando esta lógica hacia el ámbito político creo que las reformas y las propuestas para cambiar y modernizar al Estado —así con mayúscula— son indispensables para ir a la par con el ritmo global y seguir siendo competitivos.
Creo que nadie está en contra de mejorar las cosas y difícilmente es perjudicial mejorar la impartición de justicia o contar con certezas jurídicas en un país. Influye en la gobernanza, y este es uno de los factores que actúan en el crecimiento económico de un país, según el Banco de México.
Pero aplicar cambios radicales sin atender la experiencia de otros países, podría tener justamente el efecto contrario, como lo probó México con la devaluación del peso la semana pasada.
Quizá por eso la propuesta de reforma judicial resulta tan delicada. La propuesta de cambiar de tajo prácticamente todo el sistema de nombramiento de los jueces elimina casi cualquier control y queda a criterio de un Tribunal de Disciplina Judicial o del voto popular más que a criterios con parámetros legales y judiciales.
Según los juristas, algunas de las alarmas más delicadas es la falta de certeza que habrá para los jueces.
Quizá la pregunta de una buena mayoría que tiene pocas certezas en la vida laboral, sería, ¿y a mí por qué me importa?
Importa porque reducir los controles para nombrar o remover a los jueces repercute en cómo se imparte la justicia y esa sí nos involucra a todos.
Un juzgador que tiene miedo de perder su empleo tiene más posibilidades de dejar pasar o modificar una decisión que analizarla de acuerdo a la ley.
Y también hay algo que necesitamos tomar en cuenta. No todos los jueces cambian. Ni los sistemas para designarlos. Si bien son una parte pequeña de los juzgadores en México, aquellos que no dependen del poder judicial se van a quedar como están.
Los que dependen del poder ejecutivo, es decir que los designan en las secretarías como son los jueces militares, los que tienen que ver con la justicia agraria y los de justicia administrativa.
Estos jueces están en el poder ejecutivo y no están sometidos a las evaluaciones del poder judicial. Tampoco los tocará la reforma propuesta hasta ahora. Los jueces militares siguen siendo designados por la Sedena, igual que desde 1933, y los de la justicia administrativa, son nombrados por el Presidente.
Y aquí una duda genuina: ¿No deberíamos ver una diferencia notable en la impartición de justicia en estos ámbitos? Si el problema era todo el poder judicial y el ecosistema, en este caso tenemos un universo pequeño como experimento.
Pero no podemos saber exactamente la eficiencia en los casos, porque las resoluciones no se transparentan. Tampoco hay una carrera judicial en su designación, ni una evaluación frecuente de ellos.
Quizá en esto, sí convenga tener cambios, de esos que ayudan a fortalecer un sistema. No aquellos que parecen enfilados a debilitar lo que funciona.
@micmoya
