Si se entiende bien el sentido de la reacción presidencial mexicana a la declaración personal del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, realizada en horas de oficina y en la sede simbólica de representación diplomática, la intención fue sólo darle una especie de coscorrón al diplomático para que no hablara a título personal y se atreviera a ejercer su representación institucional de los intereses de La Casa Blanca.
La iniciativa de reforma judicial, la respuesta ya oficial del Departamento de Estado apoyando al embajador y asumiendo sus palabras y la decisión diplomática mexicana de una nota oficial y la pausa de relaciones políticas con el embajador -no con la embajada ni con la Casa Blanca- no modificarán el sendero de trámites oficiales que tienen las empresas afectadas dentro del tratado comercial por decisiones soberanas mexicanas y tienen todo su derecho en acudir a tribunales y panel internacionales.
La declaración del embajador Salazar tuvo el propósito de ser un instrumento de presión política sobre Palacio Nacional y el presidente de la República para obligarlo a retirar su iniciativa de reforma judicial y para no construir una supermayoría legislativa que las leyes mexicanas lo permiten y lo han puesto en práctica en el pasado.
Salazar había establecido, dicen que de buena fe, una relación personal con López Obrador que le hubiera permitido tener un acceso no público al planteamiento de objeciones sobre decisiones soberanas del Gobierno mexicano y sus instituciones políticas; en ese contexto, la declaración pública del diplomático en la sede de la embajada colocó la relación en términos institucionales y la pausa no fue otra cosa que el mensaje al embajador de que no sería recibido nuevamente en Palacio Nacional sin cita previa y con derecho de picaporte.
El asunto se complica por el vacío político en Washington con un Presidente débil que se va, con una vicepresidenta que quiere ser y con un candidato republicano que está desaguando de manera pública su agenda con México.
Zona Zero
La urgencia de la definición del Programa de Seguridad Pública del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo 2024-2030 se plantea de manera violenta todos los días con las informaciones que revelan que los grupos delictivos están aprovechando el vacío de poder o interregno entre presidencias para avanzar sus límites territoriales y el control de grupos sociales. Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y Chiapas son parte del código rojo del crimen organizado.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
