La prometida gradualidad en la aplicación de la reforma al Poder Judicial, prometida por Morena, resultó ser un engaño; menos de un año a partir de su eventual aprobación, en septiembre, y un año más para “limpiarlo’’ en todo el país.
Morena quiere para el 2026 tener un Poder Judicial renovado, por no decir a modo, y para ello se apresta a lanzar la aplanadora legislativa.
El dictamen fue aprobado el fin de semana pasado, pero no será discutido hasta septiembre, cuando inicie formalmente la próxima Legislatura, en la que Morena tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y solo le faltarían tres senadores para tenerla en la Cámara alta.
Menos de dos años para cambiar a jueces y magistrados de todo el país, comenzando con los ministros de la Corte, que hasta hoy no se han pronunciado sobre la generosa oferta morenista de mantenerles sus haberes de retiro si renuncian ¡antes de que termine este mes!
Ya queremos ver que pongan en la mesa su renuncia Lenia Batres o Yasmín Esquivel, por citar a dos magistradas casadas con la propuesta de López Obrador.
Los foros para discutir la dichosa reforma sirvieron para nada, porque de antemano los morenistas habían advertido que se hacían “para escuchar’’ a los interesados en el tema, pero “no para hacer cambios’’ en la iniciativa.
Si los hubo, pero son más bien cosméticos, no lo que se esperaba, que era una reflexión profunda sobre cómo modernizar al Poder Judicial sin sepultar su independencia ni condicionar a los nuevos impartidores de justicia a estar del lado del partido en el gobierno.
Lo que hizo Morena al presentar el dictamen de reforma, no fue lo ofrecido, sino el ultimátum para que jueces y magistrados se cuadren.
O se descuadran.
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Solo en nuestro país una fiscal que hizo un pésimo trabajo en un caso de la mayor relevancia para su estado (y para el país) puede renunciar e irse a su casa como si nada hubiera pasado.
El sábado pasado el Congreso de Sinaloa aceptó la renuncia de la fiscal Sara Bruna Quiñonez, presentada después de que la Fiscalía General de la República señalara graves deficiencias en la carpeta de investigación del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma del estado (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Según el gobernador Rubén Rocha Moya, él “recomendó’’ renunciar a la funcionaria .
Lo hizo antes de que las investigaciones de la FGR profundizaran en las responsabilidades que le atañen como fiscal en la serie de sospechosas irregularidades cometidas en la “investigación’’ del homicidio de Cuén Ojeda.
¿Será que los sabuesos de Alejandro Gertz Manero le seguirán la pista o ahí quedó el asunto?
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Será este lunes cuando la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, presente a la ciudadanía a quienes serán los integrantes de su gabinete.
Los cargos que destacan son los del secretario/a general de Gobierno, el jefe de la Policía y, desde luego, quién será propuesto para fiscal.
Porque ni modo que Brugada sostenga por compromiso a Ulises Lara, por más que haya obtenido su título en una escuela balín de Iztapalapa, en 24 horas, cuando el encargado de la Fiscalía se ha hecho notar por sus escándalos más que por sus resultados.
Para la historia quedará el rescate que Lara hizo de Javier Corral, purificado ahora por la 4T, acusado de desviar 98 millones de pesos del erario para una firma de un amigo que, supuestamente, refinanció la deuda del estado.
Como sea, la primera señal de cómo será el gobierno de Brugada los próximos seis años será el anuncio del gabinetazo.
@adriantrejo
