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Sea porque no quiere provocar una revolución interna o porque se le sigue haciendo bolas el engrudo, el caso es que por tercera ocasión la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reservó los nombres de los secretarios de Marina y Defensa.

 

Seguramente ya tiene a los candidatos para ambos puestos, pero adelantarlos, a tres meses de que tome posesión del cargo, podría causar problemas de indisciplina.

 

Eso, o sigue barajando los nombres de los recomendados por los propios secretarios de Defensa y Marina, los de los candidatos de López Obrador y los de ella misma.

 

Parece que la intención de Sheinbaum es llevar los nombramientos al límite de la fecha en la que deberán rendir protesta.

 

En cambio, ayer ratificó todas las apuestas que ubicaban a Omar García Harfuch en la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación.

 

Rodríguez tuvo un destacado papel como secretaria de Gobierno en los primeros años de gestión de Sheinbaum, tejiendo acuerdos con los partidos de oposición, a tal grado que ninguno de los personajes que sucesivamente ocuparon el cargo tuvieron ni siquiera el 10% del desempeño de la futura secretaria de Gobernación.

 

Lo de García Harfuch era una bola cantada, a pesar de la oposición que llegó a manifestar en su contra el propio López Obrador por el origen familiar de quien será el encargado de la seguridad pública en el país.

 

La sorpresa fue el nombramiento de Mario Delgado Carrillo como secretario de Educación; mucho premio para un político envuelto en varios escándalos, uno de ellos su cercanía con el “empresario’’ tamaulipeco Sergio Carmona, conocido como el “rey del huachicol’’, asesinado en una barbería de San Pedro, Nuevo León, en el 2021.

 

Aún falta que la presidenta electa designe a los secretarios de Trabajo y Turismo, así como a los directores del IMSS, del ISSSTE y de Pemex.

 

A ver.

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Mientras eso sucede en la capital del país, el Congreso de Baja California aprobó una reforma a su Código Civil para que menores de edad, con el acompañamiento del padre, madre o tutor, puedan cambiar la asignación de sexo-género en sus actas de nacimiento.

 

Hasta antes de esta reforma, aprobada por mayoría en el Congreso, el artículo 134 BIS, segundo párrafo, inciso b), del código civil del estado, condicionaba el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, a que se tuvieran 18 años cumplidos.

 

La reforma fue presentada ante el Congreso como una “iniciativa ciudadana’’, con el objetivo de combatir las violencias contra las que luchan las personas trans desde una edad muy temprana.

 

La reforma establece que deberá prevalecer un procedimiento ágil, expedito, gratuito, sencillo y eficaz “basado sustancialmente en el consentimiento libre e informado de la niña, niño o adolescente; no se deberá alterar la titularidad de los derechos y las obligaciones jurídicas contraídas previamente ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia’’.

 

Dicha reforma no promueve tratamientos médicos, hormonales y/o quirúrgicos, “solamente busca que se reconozca la autopercepción de la persona para el libre desarrollo de la personalidad’’.

 

Evidentemente, se trata de una legislación polémica, pues especialistas en varias ciencias han explicado que la inmadurez mental de un niño o adolescente debe ser considerada como una causa que evite la reasignación de género.

 

El tema generará mucha más polémica en las próximas semanas.

 

     @adriantrejo

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