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LA DIGIFICACIÓN POLICIAL EN CHIAPAS CONTINÚA AVANZANDO Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez

Fue constante denunciante de corrupción panista en MH, para tapar las irregularidades de su gobierno en el periodo 2018-2021

Omar Montalvo

Uno de los liderazgos de Morena que aspiran a hacerse del poder político que le confiere coordinar la bancada guinda en el Congreso local es Víctor Hugo Romo, quien fue un criticado y señalado alcalde en la Miguel Hidalgo.

El morenista llegará al poder legislativo local al superar en el distrito 5 a la panista, Gabriela Salido, actual presidenta de la mesa directiva. La coordinación de Morena en el Congreso local es una dirigencia política que también significa poder político. Aunque el próximo trienio lo encabezará Clara Brugada como futura jefa de gobierno, en el poder legislativo chocan los liderazgos de diputados afines a Monreal, Brugada y García Harfuch, pues Hugo Romo es de los que apoyó al ex secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) como contendiente interno al cargo capitalino.

En las primeras encuestas entre militantes de Morena, Víctor Hugo Romo con el 26 por ciento de preferencia, aparece como el segundo favorito para dirigir la bancada guinda, sólo por cinco puntos debajo de Martha Ávila, diputada de confianza de Brugada que busca mantenerse como líder morenista en el poder legislativo local.

Hugo Romo fue alcalde de Miguel Hidalgo en 2018-2021, pero los bajos resultados de su administración impidieron que Morena ganara las elecciones en el periodo 2021-2024, así como para el trienio 2024-2027.

En los últimos años, Romo mantuvo vigente su imagen política al denunciar constantemente la corrupción del PAN en Miguel Hidalgo durante el gobierno actual de Mauricio Tabe y de Xóchitl Gálvez (2015-2018), particularmente en el tema inmobiliario. Con estas actividades, pudo tapar las irregularidades de su administración.

En su gobierno destacó la implementación del plan “Pa que te cuides MH” con un costo de 8.9 millones de pesos, pero que fue cancelado porque los costos de mantenimiento excedían los 36 millones de pesos. La Auditoría Superior local (ASCM) detectó que no había documentos para comprobar la entrega de estos kits de seguridad, mientras que los paquetes revisados eran obsoletos.

Otra serie de acusaciones que enfrentó fue el uso del programa social La Empleadora.

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