La existencia de los delitos está relacionada con la obligación de las autoridades al no impedirlos mediante prevención o falta de combate a la impunidad. Y por supuesto es responsabilidad de quienes los cometen. Con mucha frecuencia se omite este segundo y básico elemento.
Hace seis años, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una estrategia para enfrentar el robo de combustible conocido como huachicol, prácticamente tres de cada cuatro ciudadanos respaldaban, incluso, padecer por un tiempo desabasto de gasolina a cambio de combatir la ilegalidad.
Esa misma disposición de la ciudadanía es necesaria para visibilizar un fenómeno delictivo detonante de riesgos mayores. La denuncia respecto de tomas clandestinas es una de las oportunidades de las autoridades federales para actuar. Solamente pueden detonarla mediante denuncias ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su propio entorno para no decir que con el fortalecimiento del Estado de derecho y legalidad cotidiana.
Entre 2019 y 2023, el número de puntos de huachicoleo —asumiendo la existencia de muchos no identificados— incrementó siete por ciento. Es un avance. Y es insuficiente.
López Obrador endureció las sanciones penales, buscó medios alternativos para el transporte de combustible y recurrió con mayor frecuencia al Ejército para proteger los oleoductos. Ni Enrique Peña Nieto ni Felipe Calderón, menos aún Vicente Fox, aportaron nada al respecto.
El huachicoleo implica presunta responsabilidad de quienes viven en los sitios de afectación, reportada generalmente por vecinos ante riesgos de daños mayores.
Así ocurrió con las tomas clandestinas localizadas en las colonias Cuchilla del Tesoro, CTM Aragón y Narciso Bassols, en Gustavo A. Madero, en febrero, abril y mayo de este año, y con los reportes del mes pasado por olor a combustible en las coladeras.
El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, confirmó la extracción ilegal de turbosina, empleada únicamente por aviones y helicópteros, y desarrolló acciones de mitigación, limpieza del sistema de alcantarillado y reuniones entre vecinos y servidores públicos.
La colaboración ciudadana, sin embargo, puede hacer más. Si bien la atención institucional reduce riesgos contribuyen el reporte anónimo o la denuncia formal.
Esta semana, tras el incendio en Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, que dañó más de 30 viviendas y afectó a 50 familias, el alcalde dijo que reportes vecinales revelan almacenamiento de combustible en viviendas de la zona.
En poblaciones cercanas a la refinería de Tula hay una peligrosa normalización del huachicoleo. Las personas saben a qué se dedican sus vecinos por la presencia de camionetas, movimientos inusuales y continuo olor a combustible.
Hace cinco años, tras la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, el alcalde reconoció la “normalización del robo de combustible”.
Romper con esa tendencia es una responsabilidad convergente.
@guerrerochipres
